El Gobierno nacional formalizó la inclusión del debate sobre la modificación del Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. La medida se concretó a través del Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Esta decisión administrativa da marco legal al anuncio político que el mandatario había realizado horas antes en un acto en Mar del Plata, donde sentenció: «En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto».
Para Unicef, el organismo de Naciones Unidos para las infancias y adolescencias, aseguró en un documento que «la experiencia muestra que un sistema basado en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que facilite la reinserción, es mejor para la sociedad porque reduce la reincidencia y la violencia y, además, en muchos casos esa clase de medidas resultan también menos costosas en términos económicos».
La propuesta: de 16 a 13 años
El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, busca modificar el régimen actual, vigente desde la última dictadura militar. El objetivo central es bajar el piso de punibilidad, que actualmente se encuentra en 16 años, con la intención de establecer la edad de imputabilidad en los 13 años. De esta manera, se permitiría que los menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados.
La inclusión de este tema en la agenda legislativa se produjo luego de que la senadora y jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, reabriera el debate la semana pasada a raíz del crimen del joven Jeremías Monzón, de 15 años, a manos de tres menores de edad.
La senadora Bullrich, quien participó de la mesa política en Casa Rosada que definió la estrategia legislativa, había manifestado públicamente su postura a favor de la reforma.
En sus redes sociales, posteó que la Ley Penal Juvenil «estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara» y que esto resulta en que «menores que cometen los peores delitos y salen impunes».
Enfatizó que «en este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa».
Antecedentes y contexto legislativo para la imputabilidad de menores
La reforma del Régimen Penal Juvenil ya había conseguido un dictamen en mayo del año pasado, aunque nunca llegó a ser tratado en el recinto. Aquel dictamen, que ha perdido estado parlamentario con el cambio de conformación de las cámaras, proponía un régimen penal que bajaba la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Además, establecía penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores a 10 años, como servicios comunitarios o reparaciones económicas.
La propuesta actual, que busca establecer el límite en 13 años, representa un endurecimiento respecto a la iniciativa anterior.
Con la confirmación de este tema, serán cinco los puntos principales a tratar en las sesiones extraordinarias de febrero. El temario completo incluye, además de la modificación del Régimen Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad, el proyecto de Modernización Laboral, que se perfila como el eje central de las sesiones, y la reforma de la Ley de Glaciares (Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial), que ya cuenta con dictamen en el Senado.
El temario se completa con la consideración del pliego de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, nombramiento que deberá pasar por el Senado. Finalmente, se encuentra el proyecto de ley para la aprobación legislativa del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyo tratamiento está en evaluación debido a la ralentización surgida tras la remisión del tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Cabe destacar que otros temas que se habían barajado, como la reforma del Código Penal o el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria («regla fiscal»), no fueron incluidos en la convocatoria final para febrero.