Al cierre de 2024, la Argentina registró un récord histórico de encarcelamiento, con 121.443 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de todo el país. La cifra equivale a una tasa de 258 personas detenidas cada 100.000 habitantes, la más alta desde que existen registros, de acuerdo con el informe La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024), elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).
El documento, basado en el Registro Nacional de Lugares de Encierro, Población Alojada y Capacidad de Alojamiento (RNLPyC), advierte que el crecimiento sostenido del encarcelamiento no fue acompañado por una expansión suficiente del sistema penitenciario: las cárceles funcionan, en promedio, al 130,2% de su capacidad, es decir, con 130 personas alojadas en espacios diseñados para 100.
Cinco provincias superan ampliamente la tasa nacional. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 personas privadas de la libertad cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267). En los últimos 25 años, el encierro creció a un promedio anual del 6%, con la única excepción de 2020 por el impacto de la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1%.
Si bien varias jurisdicciones ampliaron la capacidad penitenciaria durante el último año —entre ellas Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán—, el CNPT subraya que la construcción de nuevas plazas no resolvió el problema estructural. En muchos casos, los nuevos establecimientos absorbieron personas que estaban alojadas en comisarías, sin reducir de manera significativa la cantidad de detenidos en ámbitos policiales.
El informe vincula la inflación carcelaria con reformas legislativas regresivas, el uso extendido de la prisión preventiva, el aumento de las penas cortas de cumplimiento efectivo y la reticencia judicial a aplicar medidas alternativas al encierro. Aunque el 62% de la población carcelaria cuenta con condena firme, en términos absolutos la cantidad de personas procesadas sin sentencia continúa creciendo: pasó de 43.191 en 2022 a 45.305 en 2024.
La situación procesal presenta fuertes desigualdades entre jurisdicciones y también entre géneros. Las mujeres y las personas trans o no binarias registran niveles más altos de prisión preventiva que los varones. Además, los datos muestran una fuerte relación entre pobreza, género y criminalización: casi cuatro de cada diez mujeres privadas de la libertad están detenidas por delitos vinculados a estupefacientes, frente a uno de cada diez varones.
Otro dato que alarma al organismo es el aumento de las penas cortas, de hasta tres años, que ya representan el 17% de la población condenada en cárceles del país. Se trata, en su mayoría, de delitos de baja lesividad que podrían admitir penas alternativas, pero que continúan ejecutándose de manera efectiva.
Las cárceles en la Ciudad, con alojamiento récord
La crisis del sistema de encierro se expresa con particular crudeza en la Ciudad de Buenos Aires. Según un informe reciente de la Procuración Penitenciaria de la Nación, al 30 de noviembre de 2025 había 2.432 personas detenidas en dependencias de la Policía de la Ciudad, entre alcaidías, comisarías y personas “en espera de alojamiento”.
La capacidad ideal de las alcaidías porteñas es de 1.305 plazas, pero alojaban a 2.002 personas, lo que implica una sobrepoblación de 697 detenidos. En las comisarías, la situación es aún más crítica: con un cupo de 181 personas, había 342 alojadas. Si se suman quienes permanecían en espera de cupo, la sobrepoblación total alcanzaba las 946 personas.
El informe también advierte sobre los tiempos de permanencia, que exceden largamente lo previsto para este tipo de dependencias: en las alcaidías, el promedio fue de 138 días, con casos de hasta más de cuatro años. En las comisarías, el promedio fue de 59 días. Además, muchas personas permanecen durante semanas en espacios no habilitados, como oficinas, depósitos o subsuelos, en condiciones de hacinamiento extremo.
Entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, la cantidad de personas detenidas en el ámbito de la Policía de la Ciudad creció un 10%, consolidando un escenario que organismos de control describen como insostenible.
En este contexto, tanto el CNPT como la Procuración Penitenciaria coinciden en que el abordaje de la crisis del sistema de encierro no puede limitarse a la ampliación de plazas, sino que requiere cambios estructurales en la política criminal, el uso de la prisión preventiva y la aplicación efectiva de alternativas al encarcelamiento, para evitar que la sobrepoblación continúe profundizando las vulneraciones de derechos.