La tensión política y social aumenta a pocas semanas del tratamiento en el Congreso de la Nación del proyecto de ley que, bajo el eufemismo de «reforma y modernización del derecho del trabajo», encendió las alarmas de las organizaciones sindicales y sociales. El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, una coalición que agrupa a centenares de entidades representativas del mundo laboral, ha emitido una declaración contundente, calificando la iniciativa como un «proyecto en contra de la clase trabajadora» y exigiendo su rechazo total.
La posición del Foro no deja lugar a interpretaciones ambiguas. El comunicado sostiene que el contenido del proyecto es «absolutamente nada» compatible con los Tratados y Convenios Internacionales de la O.I.T., la Constitución Nacional Argentina y el conjunto de los Derechos Humanos. Lejos de ser una propuesta «moderna», advierten que su aprobación representaría un retroceso a las condiciones laborales del siglo XIX.
El núcleo de la crítica del Foro se centra en lo que describen como la «demolición, liquidación, extinción y cancelación» de los valores esenciales que rigen las relaciones laborales. Esta ofensiva, según el comunicado, afectará de manera «trágica» a la totalidad de la clase trabajadora argentina, alcanzando un nivel de impacto nunca antes visto.
La estrategia de la indefensión en la Reforma Laboral
El documento detalla una serie de puntos que, a su juicio, buscan desmantelar el sistema de protección laboral. Uno de los más graves es la reducción a «límites extremos» de la presencia y acción sindical.
La reforma, afirman, limita el derecho de reunión y restringe de modo «prácticamente prohibitivo» el ejercicio del derecho de huelga. El objetivo real, denuncian, es asestar un «golpe mortal a la negociación colectiva por actividad» al fomentar la creación de sindicatos de empresa, diseñados para negociar a la baja en ámbitos reducidos.
El Foro también desmiente categóricamente dos de los argumentos centrales esgrimidos por los promotores de la ley:
1.El mito del empleo: Es FALSO que las leyes laborales contribuyan a la creación o destrucción de empleo. El comunicado subraya que el crecimiento positivo de los indicadores sociales está determinado por la política económica, y la del actual gobierno va en sentido contrario.
2.La «industria del juicio»: La existencia de una «industria del juicio laboral» es igualmente irreal. El Foro invierte la acusación, señalando que la litigiosidad existente deriva del alto nivel de ilegalidad en el mundo del trabajo y de una verdadera «industria del incumplimiento patronal».
Desfinanciamiento y desmantelamiento judicial
Las consecuencias del proyecto, según el Foro, van más allá de la relación directa entre empleador y empleado. La eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones ante incumplimientos solo incrementará la precarización, favoreciendo la evasión laboral, previsional y la informalidad.
Además, el comunicado pone el foco en el desfinanciamiento del sistema previsional. La implementación del Fondo de Asistencia Laboral, al reducir en tres puntos porcentuales las contribuciones patronales, desfinancia los ya escasos recursos de la seguridad social en detrimento de los trabajadores.
Finalmente, el Foro alerta sobre el intento de desmantelar la Justicia Nacional del Trabajo. La progresiva eliminación de este fuero, con la asignación de competencias al Fuero Contencioso Administrativo, encubre el propósito de impedir que los trabajadores reclamen sus derechos en igualdad de condiciones. Esta movida, aseguran, elimina la garantía del juez natural y afecta la independencia de los magistrados laborales.
Resistencia total
Ante este panorama, el Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social es categórico: el proyecto no admite más que su RECHAZO TOTAL.
La declaración concluye con un llamado a la acción y la resistencia. El Foro anuncia que llevará adelante acciones de resistencia a lo largo y ancho de todo el país, exigirá reuniones con gobernadores y legisladores nacionales para que asuman su responsabilidad institucional, y denunciará la gravedad del proyecto en todas las instancias nacionales e internacionales.
La coalición se mantendrá en «estado de alerta permanente en defensa de la dignidad de quienes trabajan», marcando el inicio de una batalla decisiva por el futuro del derecho laboral en Argentina.