La orden fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien intimó al Poder Ejecutivo a implementar de manera integral una norma que ya fue aprobada y ratificada por el Congreso de la Nación.
La resolución judicial fija un plazo máximo de diez días hábiles para que el Estado nacional ponga en funcionamiento la totalidad del entramado administrativo y financiero que exige la ley.
Además, obliga al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad a informar en cinco días el estado concreto de los trámites, con documentación respaldatoria, bajo amenaza de sanciones. Entre los funcionarios alcanzados por el apercibimiento figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
“Ya no hay margen para dilaciones”, remarcan desde las organizaciones que impulsaron el amparo judicial. “El 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando al cien por ciento. Pasaron más de 130 días desde su entrada en vigencia y el Gobierno no cumplió”, sostuvo la actriz Lola Berthet, una de las referentes del colectivo. En la misma línea, Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, celebró la decisión judicial como una “intimación final” frente a las excusas administrativas y los informes técnicos que el Ejecutivo venía presentando para justificar la inacción.
La sentencia de González Charvay detalla, además, una serie de obligaciones concretas que el Gobierno deberá acreditar: la actualización de aranceles a prestadores desde enero de 2025, un plan de pago de las compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciación de deudas, la fijación de nuevos valores de prestaciones y la reglamentación de la Ley 27.793, que acumula al menos tres meses de retraso.
Un fallo que no suspende la ejecución
El trasfondo del conflicto expone una disputa abierta entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. A comienzos de diciembre, el mismo magistrado declaró la invalidez del artículo 2 del decreto 681/2025, mediante el cual el Gobierno había suspendido la aplicación de la ley por falta de financiamiento.
Para Milei, el Congreso no había definido las partidas presupuestarias necesarias; para la Justicia, se trató de un “veto encubierto”, incompatible con la división de poderes y con los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Aunque el Ejecutivo apeló la decisión, a través del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, la Cámara Federal de San Martín concedió el recurso con efecto devolutivo. En términos jurídicos, esto implica que la apelación sigue su curso, pero no suspende la ejecución del fallo. Por lo tanto, el Gobierno está obligado a cumplir la ley mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Desde las organizaciones advierten, sin embargo, que el historial reciente del oficialismo no ofrece garantías. “Va a dilatar todo lo que pueda”, anticipó Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha, quien no descartó la presentación de amparos colectivos en distintas jurisdicciones del país. “Se está tolerando una violación al principio de no regresividad y a la prohibición de discriminación. El Estado argentino tiene compromisos internacionales que no está respetando”, señaló.
Ajuste, presupuesto y disputa política en torno a la Emergencia en Discapacidad
La judicialización del conflicto se dio en paralelo a una estrategia política del Ejecutivo para limitar el alcance de la ley. Tras el fracaso del veto presidencial, el oficialismo intentó eliminar en el Presupuesto 2026 el artículo que asignaba fondos tanto a la emergencia en discapacidad como al financiamiento universitario. La maniobra también fue derrotada en el Congreso, que ratificó ambas partidas.
El argumento oficial volvió a girar en torno al déficit cero. Según explicó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Gobierno construyó su objeción a partir de una estimación amplia del universo de beneficiarios. No obstante, datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), relativizan ese planteo: aun considerando la inflación proyectada por el propio Ejecutivo, el costo fiscal de la ley oscilaría entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, lejos de representar un desbalance imposible de afrontar.
Para las organizaciones, el debate excede lo presupuestario. “Para este Gobierno, las personas con discapacidad somos un gasto”, denunció Aguirre. “Una pensión de 300 mil pesos no cubre las necesidades básicas, no hay obra social ni medicamentos garantizados. Buscan que la gente se muera”. Frente a ese diagnóstico, el colectivo anticipa que la disputa continuará tanto en los tribunales como en las calles, en articulación con jubilados y trabajadores. “Los derechos no se ajustan: son transversales”, concluyen.