Tras la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal a fines de 2025, el Gobierno se toma el mes de enero para negociar y propondría un segundo llamado a sesiones extraordinarias que serían entre el 2 y el 27 de febrero. En el Congreso se tratarían cuatro proyectos: la Ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, las modificaciones a la Ley de Glaciares, la reforma laboral y el nuevo Código Penal.
En paralelo, parte de la oposición trabaja para que se trate en el Congreso o se declare inconstitucional el DNU de la SIDE y que entre dentro de los temas en las sesiones extraordinarias de febrero. No obstante, ni Martín Menem ni Victoria Villarruel conformaron las comisiones necesarias para emitir dictamen.
El Gobierno presentaría cuatro proyectos en febrero
El Gobierno espera que 2026 sea más positivo que el 2025, donde la oposición controló la agenda. Javier Milei apeló al veto en siete oportunidades. En tres de ellas -aumentos para jubilaciones, universidades y para el área de discapacidad- el Congreso pudo revertir el veto.
Ahora, espera empezar el año con cuatro leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias de febrero. Dentro de los temas que propone el oficialismo, tres de ellos ya tienen dictamen. En otra situación se encuentra la reforma del código penal presentada, en su momento, por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Proyecto que nunca ingresó formalmente en ninguna de las cámaras.
Según trascendió, la reforma triplicaría la cantidad de artículos del Código Penal, que pasarían de 316 a 920. Incluiría imprescriptibilidad de algunos delitos graves, endurecimiento generalizado de penas y otros temas que invocan al Gobierno y que había propuesto Bullrich, como la baja de imputabilidad, la “ley antimafia”, ley de reiterancia y ley de juicio en ausencia. Este es el proyecto que menos tiene definido su futuro dado que desde el Ejecutivo todavía no definieron ni la fecha ni a qué cámara lo enviará.
Dentro de las que tienen dictamen vigente se encuentra la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria. El proyecto que denominaron “regla fiscal” sancionaría a aquellos funcionarios públicos que “generen un gasto desmedido”. Estaba dentro de los temas a tratar en Diputados en las últimas sesiones de 2025, pero se levantó la sesión antes de que pueda ser tratada.
La “regla fiscal” coincide con el pensamiento de La Libertad Avanza de acabar con el gasto público. Moto que el Gobierno lo demostró cuando vetó y luego decidió, ilegalmente, no implementar las leyes de emergencia en Discapacidad, la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario. Sin embargo, perdió otras formas de recaudación cuando bajaron ciertos impuestos como Bienes Personales, el impuesto a las ganancias para grandes empresas, baja de retenciones, etc.
Por otra parte, la reforma a la Ley de Glaciares tiene dictamen favorable en el Senado, pese a la reacción de ambientalistas y a que en varias ciudades como Bariloche ya hay manifestaciones en su contra. Esta reforma quitaría las prohibiciones relacionadas a las zonas periglaciares. En una reunión informativa que se desarrolló en el Senado en diciembre, especialistas detallaron que no sólo implicaría un cambio estructural en el régimen de protección ambiental vigente, sino que sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental.
Luego, dentro del posible temario, se encuentra la reforma laboral. Patricia Bullrich había intentado que se trate rápido en diciembre, dado que su objetivo era que se apruebe antes del 2026. Consiguieron dictamen de mayoría en el Senado, pero la movilización de la CGT y las negociaciones por el presupuesto obligaron a retrasar su presentación por la duda de que no puedan conseguir aprobarlo. La fecha estimada que puso la ex ministra de Seguridad para su tratamiento fue el 10 de febrero. Según Bullrich, el debate será abierto y no “a libro cerrado”.
¿Qué pasa con el DNU de la SIDE?
La oposición espera que se trate otro tema en las sesiones extraordinarias, el Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica el sistema de inteligencia. José Mayans, que preside el bloque de Unión por la Patria afirmó que “vulnera la Constitución Nacional”. “El Poder Ejecutivo no puede reformar la Ley de Inteligencia por DNU, dado que, además de no existir ni necesidad ni urgencia que lo justifique, nuestra Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 3, expresa con claridad las restricciones que tiene el presidente en el proceso de construcción de las leyes”, señaló la bancada justicialista.
En la cámara de Diputados, Germán Martínez presentó el viernes 2 de enero una nota formal a Martín Menem para que se conformen la Comisión Bicameral de Inteligencia y la de Trámite Legislativo, las que pueden tratar este DNU. Si se niega a constituirla podría ser denunciado por incumplimiento de deberes.
Por otra parte, este lunes, los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron un amparo y una cautelar en la que le piden a la Justicia que declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del DNU 941/2025. Ellos consideran que es inconstitucional porque modifica la Ley de Inteligencia sin justificar razones de necesidad y urgencia que habilitarían a que se haga por decreto y por legislar en materia penal.
Es así que febrero será un mes importante para el Gobierno con cuatro leyes necesarias para el oficialismo y para empezar el año con una victoria luego de haber podido aprobar el Presupuesto. Por eso, aprovecharán el primer mes del año para negociar en la búsqueda de que pasen las leyes propuestas.