En las últimas semanas, el Congreso de la Nación se convirtió en uno de los escenarios políticos más intensos del año. El oficialismo convocó a sesiones extraordinarias y buscará, en los próximos cinco días, dictaminar y aprobar el Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, tratar la reforma laboral en el Senado.
La agenda legislativa no está exenta de tensiones. Mientras el oficialismo busca cerrar el año con este paquete de leyes clave, sectores opositores y diversos bloques pretenden condicionar o redefinir su contenido, como ya ocurrió en meses previos con iniciativas que generaron disenso entre las distintas bancadas. Por su parte, los sindicatos anunciaron una movilización para el jueves 18 de diciembre en contra de la reforma laboral.
Fue un año difícil para el Congreso al que Javier Milei denominó “nido de ratas”. Sólo sancionó 11 leyes. El número más bajo de los últimos diez años. No es la única particularidad, dado que ninguna de las leyes aprobadas fueron impulsadas por el oficialismo.
El Presupuesto en la Cámara baja
Este llamado a sesiones llega en medio de un contexto legislativo complejo en el que el bloque de La Libertad Avanza quedó como primera minoría en la Cámara de Diputados y depende de acuerdos con otras fuerzas políticas para asegurar quórum y dictámenes favorables. Los proyectos como el Presupuesto y la denominada “modernización laboral” se perfilan como pruebas de fuego para la gestión del presidente Javier Milei en el Congreso.
El tratamiento del Presupuesto se da en un escenario atravesado por el ajuste fiscal, la discusión sobre el gasto público y la negociación permanente con los bloques opositores, que reclaman precisiones sobre partidas sensibles como jubilaciones, educación, salud y obra pública.
La denominada “Ley de Leyes” es la que tienen mejor chance de aprobar y por eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya le habría designado la presidencia de las comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda a dos compañeros de La Libertad Avanza: Laura Rodríguez Machado y Alberto Benegas Lynch, respectivamente.
La hoja de ruta señala que este martes a las 10 de la mañana se reunirá la Comisión de Legislación Penal y a las 12 la de Presupuesto y Hacienda. Luego, a las 15 horas, realizarán el plenario de las dos comisiones para buscar las firmas que aprueben el proyecto de Inocencia Fiscal. La Libertad Avanza ocupará 12 de las 35 bancas dentro de la de Legislación Penal y 20 de los 49 lugares en Presupuesto y Hacienda.
La Reforma Laboral en el Senado
A la par, el Gobierno impulsa una reforma laboral que tensiona nuevamente la relación con sectores sindicales y parte de la oposición. Bajo el argumento de la “modernización” del mercado de trabajo, el proyecto propone modificaciones que impactan sobre derechos laborales, convenios colectivos y condiciones de contratación, lo que anticipa un debate áspero tanto en comisiones como en el recinto.
El oficialismo busca que se trate primero en la Cámara de Senadores. La flamante jefa del bloque libertario en esta cámara, Patricia Bullrich, espera que sea un tratamiento y una sanción rápida antes del año que viene. Al igual que en Diputados, La Libertad Avanza estaría a cargo de las dos comisiones que deberían conformar para aprobarlas: Bullrich en la de Trabajo y Previsión Social y Ezequiel Atauche en la de Presupuesto y Hacienda.
Con la rapidez como objetivo y para que comience el tratamiento del proyecto, la presidente de la Cámara Victoria Villarruel, a través del Secretario Parlamentario Agustín Giustinian, convocó a una reunión de labor parlamentaria para el martes a las 16 horas. Ese mismo día se reunirían las comisiones.
¿Cuál es la reacción de la oposición y los sindicatos?
Parte de la oposición tiene diferencias con los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo. Unión por la Patria (UXP) presentará un dictamen en minoría en rechazo al Presupuesto junto con una alternativa propia que incluiría las leyes que sancionó el Congreso y luego vetó y no aplicó el Gobierno: la emergencia en Discapacidad, fondos para el hospital de Pediatría Juan Garrahan y el refuerzo presupuestario para las universidades. Provincias Unidas también tiene desacuerdos con esta Ley, por lo que, dentro del bloque, habrá disidencias y un dictamen propio. El Frente de Izquierda también planteó su rechazo. En el caso de que los gobernadores acompañen el pedido de UXP, al Gobierno no le va quedar otra que aceptar.
Mientras en el interior del Congreso se discuten estas iniciativas, en sus alrededores la protesta social vuelve a ocupar un lugar central. Todos los miércoles los jubilados se siguen manifestando. Acompañados por personas con discapacidad, organizaciones sociales y gremios se movilizaron frente al Palacio Legislativo para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno y reclamar la implementación de leyes aprobadas por el Parlamento que permanecen frenadas o fueron vetadas.
Las manifestaciones, algunas de carácter semanal, se consolidaron como un espacio de visibilización del malestar social frente al ajuste económico y las reformas impulsadas desde el Ejecutivo. Las consignas apuntan, principalmente, a la pérdida del poder adquisitivo, la falta de respuestas institucionales y el impacto de las medidas oficiales sobre los sectores más vulnerables.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una manifestación para el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo como el comienzo de un plan de lucha que incluirán “medidas graduales” contra el plan del Presidente en contra de la reforma laboral. Pese a que Gerardo Martínez estuvo presente en las discusiones del proyecto que se llevaron a cabo en el Consejo de Mayo, Jorge Sola, uno de los cosecretarios generales, aclaró en una conferencia de prensa que la CGT se opone “terminantemente a cada uno de los puntos”.
A su vez, la CGT denunció que, en la madrugada del domingo, un grupo de personas no identificadas destruyeron las oficinas del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Vidrio y triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo. Según ellos no se robaron nada y fue “un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero”.
Tanto la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) como las dos CTA convocaron a la marcha. Rodolfo Aguiar, titular de ATE señaló que “es todo verso, chamuyo que con esta reforma se va a crear empleo” y luego agregó que no se puede aceptar “barbaridades” como “jornadas de 12 horas y pago en especies”. Mientras que la CTA se declaró en “estado de movilización permanente”.
El Movimiento Derecho al Futuro, espacio de Axel Kicillof, anticipó que va a tener una columna en la movilización, al igual que La Cámpora. También estarán los movimientos sociales que se encuentran dentro de la Unión de Trabajadores de la Escuela Popular (UTEP) y el Frente de Izquierda que pidió por un paro general.
Anticipándose y en la búsqueda de que no sea una movilización masiva, la nueva ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva minimizó la protesta y adelantó que van a aplicar el «protocolo antipiquetes» en la marcha del jueves 18.