El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió un amparo colectivo respecto de su proyecto del “Máster Plan Autopista-Parque Dellepiane”, que pretende acabar con 5,4 hectáreas de áreas verdes.
El recurso de amparo fue presentado por las ONG de El Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad y pone de manifiesto la preocupación por los espacios verdes y la violación a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En esa línea se pronunció el titular del Observatorio, Jonatan Baldiviezo: “La demanda acusa al Gobierno de la Ciudad y a AUSA de vulnerar no solo la Constitución, sino también el Código Urbanístico y la ordenanza que protege los parques”.
En todo proyecto del PRO de estas características asoman los negocios inmobiliario por detrás, anteponiéndose a todo tipo de racionalidad como en este caso es el del cuidado de los espacios verdes.
La Ciudad de Buenos Aires, según relevamientos, cuenta con menor espacio verde del recomendado. Actualmente se estima que tiene 5,13m² por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un rango de entre 10 y 15m² por persona.
A su vez, en este caso en particular que se denuncia, se señalan graves irregularidades: “El Poder Ejecutivo está ejecutando obras sin la competencia legal para hacerlo”, alertó Baldiviezo. Y agregó que proyectos de esta magnitud “requeriría una ley de la Legislatura”.
Y finalizó: “La defensa de los parques no es solo una cuestión ambiental, sino también una cuestión de salud pública y derechos ciudadanos”, al tiempo que ponderó la relevancia de preservar estos espacios como pulmones urbanos.
De este modo, el gobierno porteño demuestra una vez más, pese al reciente reconocimiento a escuelas por sus iniciativas en educación ambiental, ir en contramano al momento de la acción.
Los argumentos del amparo
El intento del gobierno porteño de Jorge Macri por avanzar con el proyecto de la autopista-parque Dellepiane encontró resistencia por parte de vecinos y organizaciones ambientalistas que presentaron un recurso de amparo.
De avanzar el proyecto del gobierno porteño, los espacios verdes pasarían de 216.000 m² a 162.000 m² tras las obras, lo que daría una pérdida de 54.000m², un 25% del total. Además, según un relevamiento preliminar, serían removidos casi 600 árboles.
Para detener las obras, el amparo presentado cuenta con varios argumentos legales que lo respaldan.
Por un lado, existe un blindaje legal que tienen los espacios verdes públicos, denominado Urbanización Parque (UP), el cual reglamenta que las obras a realizarse deben “complementar al parque” y que no de puede alterar su escencia.
Acorde a ello, la demanda señala: “La transformación de espacios verdes en autopista altera en forma permanente su destino”, y a esto lo catalogan como una violación de la Zonificación UP.
Por otra parte, el amparo menciona una violación de la Ordenanza N° 46.229 de 1993, la cual “prohíbe cambiar el destino o dar permisos de uso a espacios verdes públicos”. A lo concreto, no se debería cambiar la utilidad del parque ni dar dicho “permiso”, que en este caso es el atribuido a la empresa constructora AUSA, al no ser que sea la Legislatura la que apruebe lo contrario.
A las violaciones enumeradas, se le suma la cometida contra la Constitución de la Ciudad en su Principio de Progresividad, según su artículo 27 el cual obliga no solo a preservar sino también a incrementar sus espacios verdes.
En este sentido, en la denuncia se argumenta sobre como es posible que una reducción de 54.000m² pueda ser constitucional.
Por último, también hacen foco en el proceso democrático que debería realizarse, debido a que la ley exige que el proyecto pase por la Legislatura con un proceso especial que incluye audiencias públicas. Es en esas audiencias donde la ciudadanía pueda opinar y participar sobre los destinos de su propio barrio, algo de lo que han quedado excluidos con la decisión unilateral del gobierno porteño.