La crisis económica y la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) tensan cada vez más la relación con los trabajadores del sector público. Este jueves 13, a las 11 de la mañana, los empleados nucleados en ATE Capital marcharán desde la intersección de las avenidas Caseros y Defensa hacia el Ministerio de Hacienda, ubicado en Martín García 344, para exigir medidas urgentes frente a lo que describen como un proceso de “precarización creciente” y “colapso de los servicios públicos”.
La convocatoria surge del Plenario de Delegados y Delegadas de ATE Capital, que definió profundizar el plan de acción ante la falta de respuestas del Ejecutivo porteño. “Mientras el Gobierno de la Ciudad sigue mirando para otro lado, los servicios colapsan y el propio gobierno empobrece y precariza a sus trabajadores”, sostienen desde el gremio, que agrupa a empleados de distintas áreas de la administración local, desde salud y educación hasta programas sociales y mantenimiento urbano.
Los reclamos de ATE Capital sobre una situación crítica
El reclamo central apunta a mejoras salariales y condiciones laborales dignas. ATE Capital exige que la suma fija que perciben los trabajadores se eleve a 250.000 pesos, que se aumente el piso salarial para monotributistas, se exima del pago de Ingresos Brutos a los contratados y se avance en el pase a planta permanente de los empleados precarizados. Además, demandan la apertura de vacantes y el ingreso de nuevo personal, frente a la sobrecarga que denuncian en distintas dependencias públicas.
“Hay miles de laburantes que no llegan a fin de mes, que se endeudan para comer o pagar el alquiler, mientras los servicios de la Ciudad se sostienen a fuerza de sacrificio y vocación”, expresaron en el comunicado de convocatoria. En áreas sensibles como salud, educación y niñez, la falta de personal y la precariedad contractual agravan la situación: muchos trabajadores se encuentran bajo regímenes de locación o monotributo, sin estabilidad ni derechos laborales plenos.
Un modelo de gestión bajo la lupa
La protesta de ATE Capital no se da en un vacío. En los últimos meses, distintos gremios y organizaciones sociales vienen denunciando un modelo de gestión basado en la tercerización y la subejecución de recursos, que, según advierten, debilita el funcionamiento del Estado porteño y afecta directamente a los servicios que recibe la ciudadanía.
Desde la conducción de ATE Capital señalan que el GCBA prioriza la propaganda y el marketing por sobre la inversión en políticas públicas, mientras el deterioro de las condiciones laborales avanza sin freno. “El gobierno de Jorge Macri continúa la línea de los últimos años: recortes encubiertos, salarios por debajo de la inflación y desmantelamiento progresivo de áreas esenciales”, sostienen referentes sindicales.
A esta situación se suma el contexto de inflación persistente y pérdida del poder adquisitivo que atraviesa al conjunto de los trabajadores del país. En la Ciudad, los aumentos salariales negociados en paritarias han quedado por detrás del costo de vida, y los contratos temporarios o bajo monotributo se han convertido en la norma más que en la excepción.
La respuesta oficial, entre el silencio y la negación
Hasta el momento, el Gobierno porteño no respondió públicamente a los reclamos. Fuentes del Ministerio de Hacienda se limitaron a señalar que “la Ciudad mantiene un diálogo abierto con los gremios”, aunque los trabajadores aseguran que no hubo avances concretos ni convocatoria formal a una mesa de negociación.
Mientras tanto, el malestar crece en los sectores que sostienen el funcionamiento cotidiano de la administración pública. “Nosotros garantizamos los servicios esenciales todos los días, pero el gobierno nos paga con precariedad y silencio”, denuncian desde ATE Capital, que promete continuar con las medidas de fuerza si no hay respuestas inmediatas.
La movilización de este jueves será una nueva muestra de ese descontento. En un contexto de crisis y ajuste, el reclamo de los trabajadores estatales porteños vuelve a poner en debate el rol del Estado, la política laboral del GCBA y el límite de un modelo que, según denuncian, funciona a costa de la precarización de quienes lo sostienen desde adentro.