Un relevamiento realizado por la Fundación Germán Abdala advierte sobre el crecimiento del pluriempleo en la Administración Pública, impulsado por la pérdida del poder adquisitivo y la precarización laboral. La encuesta, realizada durante agosto a 496 trabajadores estatales, forma parte del informe “¿Cuántos trabajos se necesitan para un salario digno? Pluriempleo en el Estado”, elaborado por Emiliano Bisaro y Romina Piccirillo.
Según el documento, más de 2,4 millones de personas en la Argentina -el 16,6% de la población económicamente activa- tienen más de un empleo. Este fenómeno, que se da en el sector público y privado, se explica por la insuficiencia de un solo salario para cubrir las necesidades básicas, la pérdida del poder adquisitivo, la desregulación laboral y el aumento de la informalidad.
En cuanto a la Administración Pública, el documento sostiene que desde que Javier Milei asumió la presidencia se dieron tres rasgos que marcan su gestión: despidos masivos (más de 50.000), una pérdida salarial de alrededor del 35%, y desmantelamiento de políticas públicas.
La encuesta reveló que el 64% de los encuestados tiene otro empleo, mientras que solo el 36% tiene un único empleo. A su vez, el estudio detalla que de aquellos que están atravesados por el pluriempleo, el 44% tiene dos empleos, el 17% tres trabajos, y el 3 % más de tres. “En este punto no se identifican sesgos de género, edad, función o nivel salarial”, destacan los autores.
Otro de los puntos destacados del relevamiento es que el 71% de los encuestados dijo estar buscando otro trabajo. Este porcentaje crece entre quienes tienen un solo empleo, llegando al 77%. Sin embargo, incluso entre aquellos que ya tienen un segundo trabajo, la búsqueda sigue en el 68% de los casos.
Por otro lado, la encuesta también señala que el 52% tiene un salario inferior al millón de pesos; mientras que, respecto a la relación laboral, solo el 58 % se encuentra en planta permanente o transitoria.
Ante este panorama, los autores del informe aseguraron que “el pluriempleo, motivado por la necesidad económica, genera agotamiento, burnout y afecta la calidad de las políticas públicas al reducir la motivación y compromiso de los trabajadores”.