La Cámara Federal de Resistencia resolvió que los mensajes intimidatorios publicados por Javier Milei deberán investigarse en Buenos Aires. La denuncia, impulsada por Libres del Sur, cita expresiones presidenciales que incitan directamente a la violencia. El traslado del expediente a Comodoro Py abre un capítulo incómodo para un gobierno que se sostiene en la confrontación y el desprecio hacia el disenso.
“El motivo que me llevó a denunciarlo tiene que ver con lograr el objetivo de que el presidente Milei pare con esta conducta delictiva que ha tenido desde que asumió el cargo de presidente de amedrentar, perseguir e intimidar a todo aquel que no piense como él, fundamentalmente a los sectores populares a los que defendemos los derechos humanos a quienes tenemos una identidad política de izquierda nacional como en este caso los que integramos Libre del Sur”, sostuvo Carlos Martínez.
El paso del expediente a Comodoro Py marca un hecho inédito ya que, por primera vez, un presidente en ejercicio deberá enfrentar una investigación formal por incitación a la violencia.
En ese sentido, Javier Milei, que construyó su carrera política a fuerza de insultos televisivos y posteos agresivos en redes sociales, está ahora bajo la lupa judicial por esas mismas prácticas que lo catapultaron al poder. La causa pone en cuestión no solo el límite de la libertad de expresión, sino también la responsabilidad institucional de quien ocupa el cargo más alto del país.
La denuncia fue presentada en Chaco por Carlos Martínez, referente de Libres del Sur, y cita frases que exceden la confrontación política para transformarse en amenazas explícitas: “Zurdos hijos de puta, tiemblen” y “Los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta”.
En ese aspecto, Martínez agregó: “Esta denuncia también es un testimonio de vida, de compromiso con los derechos humanos, de no aflojar, de poder mirar a la cara a mis hijos, a mis compañeros de mi partido y poder decirles que pusimos nuestro grano de arena para enfrentar uno de los momentos más dolorosos y tristes que vive el pueblo argentino y que esperemos que este 26 de octubre se comience a terminar”.
En relación a lo mencionado, no se trata de meros exabruptos debido a que son mensajes de persecución contra adversarios ideológicos, pronunciados por quien debería garantizar la convivencia democrática. La Justicia consideró que, al haberse emitido desde la Ciudad de Buenos Aires, la competencia corresponde a los tribunales de Comodoro Py.
¿El presidente Milei tiene un límite?
“La otra forma de ponerle un límite es a través de los mecanismos democráticos que provee el Estado de Derecho, ya sea la actuación del Congreso a través de las comisiones investigadoras parlamentarias que investiguen los delitos y las conductas ilegales e inapropiadas del presidente y los funcionarios que de él dependen”, aseguró.
En consecuencia, la jueza federal de Resistencia se declaró incompetente y remitió el expediente a la Justicia porteña. Sin embargo, el caso generó un debate jurídico sobre dónde debe fijarse la responsabilidad en delitos de intimidación pública cometidos a través de redes sociales.
La fiscal María Paloma Ochoa y el juez Daniel Rafecas señalaron que la decisión de trasladar la causa era apresurada, ya que no se habían tomado pruebas que confirmaran el lugar de emisión de los mensajes. La disputa escaló hasta la Cámara Federal de Resistencia, que terminó zanjando la cuestión.
Por lo tanto, la jueza subrogante Patricia Beatriz García recordó que, según el artículo 37 del Código Procesal Penal, la competencia territorial corresponde al lugar desde donde se consuma el delito y en este caso, el origen fue inconfundible ya que se originó en la Ciudad de Buenos Aires.
Con esta resolución, el tribunal ratificó que la investigación debe continuar en Comodoro Py, donde ya tramitan otras causas similares contra Milei. El Fiscal General, Federico Carniel coincidió en que la jurisdicción porteña resulta la más adecuada para avanzar con rapidez y cercanía a las pruebas.
De esta forma, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 6 asumirá la instrucción de un expediente que apenas comienza, pero que amenaza con convertirse en un terremoto político.
“La otra parte de la actuación del mecanismo democrático del Estado de Derecho es la actuación de la justicia que tiene que investigar los delitos en que ha incurrido el presidente, la hermana y varios de los funcionarios que hoy integran su gobierno o que aspiran a integrarlo como el caso de Espert, donde ha sido vinculado con un narcotraficante y toda la política de financiamiento espurio que lleva adelante el gobierno libertario”, sentenció el referente de Libres del Sur.
Sin embargo, Milei nunca ocultó su desprecio por la pluralidad política. Convirtió en enemigos a quienes deberían ser sus interlocutores, tachó de “zurdos” a opositores, periodistas y sindicalistas, además de artistas como Lali Espósito y María Becerra y elevó el odio como motor de su narrativa.
Lo que en campaña podía interpretarse como show televisivo se tornó en la práctica de gobierno, en una estrategia de demolición de la democracia deliberativa. El problema ya no es la libertad de expresión, sino la incitación a que otros actúen en consecuencia de sus palabras.
“Fundamentalmente el límite hay que ponérselo en la política, derrotando al proyecto libertario ultraderechista y antipatriótico en las urnas, porque a Milei hay que quitarle el poder de hablar y de gobernar en nombre del pueblo y eso se hace derrotándolo en las elecciones”, concluyó Carlos Martínez.