El Gobierno oficializó la derogación del decreto 515/2014 que reconocía a Norberto Galasso como Embajador de la Cultura Popular Argentina. La medida quedó establecida mediante el decreto 692/2025 y supone la pérdida del único ingreso del historiador, de 89 años y con problemas de salud, quien había renunciado a su jubilación al aceptar el cargo honorífico.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la decisión se enmarca en una política de “austeridad” y “eficiencia en la gestión pública”, con el objetivo de reducir gastos. Sin embargo, la decisión despertó fuertes críticas en el ámbito político y cultural.
La trayectoria de un referente histórico
Galasso, autor de más de 60 libros y referente del revisionismo histórico, había sido distinguido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por su aporte intelectual a la memoria y a la identidad nacional. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Historia de la Argentina y sus biografías de Juan Domingo Perón y José de San Martín.
El reconocimiento como Embajador de la Cultura Popular fue considerado en 2014 un acto de justicia frente a su extensa labor académica y militante.
Reacciones políticas y sociales
La medida provocó el repudio de legisladores de Unión por la Patria, quienes anunciaron la presentación de un proyecto de ley para anular el decreto. La senadora entrerriana Stefanía Cora lo calificó como un “acto de desprecio hacia la cultura nacional, la memoria colectiva y la identidad de nuestro pueblo”.
En redes sociales también se multiplicaron las críticas. La periodista Felicitas Bonavitta subrayó la dureza de la decisión: “El gobierno le quitó a Galasso el reconocimiento que recibía desde 2014. Tiene 89 años, problemas de salud y se quedó sin su ingreso mensual. Brutos y crueles”.
La voz de Galasso: “Esto es una persecución”
En diálogo con medios, el historiador calificó la medida como un acto de revanchismo político: “Esto es una persecución de parte del gobierno a un ensayista nacional”. Además, advirtió sobre su situación económica: “Ahora estoy sin jubilación y sin cobrar este ingreso. A la edad mía es muy difícil conseguir un sustento”.
Pese a las dificultades, reafirmó su compromiso con la causa nacional y popular, señalando que la decisión responde a una represalia por sus críticas al gobierno.
Un debate abierto sobre cultura y Estado
El caso reabre la discusión sobre el rol del Estado en el financiamiento de la cultura y el reconocimiento a figuras intelectuales. Mientras desde el oficialismo sostienen que se trata de una medida de ajuste, para sectores opositores y referentes culturales constituye un ataque directo a la memoria y a quienes aportaron al pensamiento nacional.