Este lunes, a través del Decreto 695/2025, el Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa estatal encargada de la generación de energía nuclear en el país. La medida combina la venta de acciones a inversores privados y un Programa de Propiedad Participada, aunque el Estado mantendrá la mayoría accionaria.
En la actualidad, el Estado controla el 79% de la Nucleoeléctrica. Casi todo el restante, 20%, está a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), mientras que Energía Argentina S.A. (ENARSA) maneja solo el 1%. Sin embargo, con el nuevo esquema el 44% de las acciones serán vendidas mediante licitación pública nacional e internacional y se implementará un Programa de Propiedad Participada del 5%, destinado a trabajadores.
No obstante, el Estado nacional y la CNEA conservarán el 51% para asegurar el control mayoritario. A su vez, se dispuso que ENARSA transfiera el 1% de sus acciones en NASA al Estado, y que la propia Nucleoeléctrica ceda 0,01 % de su participación en ENARSA.
Para justificar la parcial privatización, el Poder Ejecutivo argumentó que la intervención estatal no garantizó eficiencia económica y que la incorporación de capital privado permitirá financiar proyectos estratégicos, como la extensión de vida útil de Atucha I; completar el proyecto de almacenamiento en seco de elementos combustibles para Atucha II; y reducir el déficit fiscal y diversificar riesgos en la gestión de la empresa.
Cabe destacar que en 2024, Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de 10,4 millones de MWh generados, con un factor de carga del 73,3 %. Aunque en el decreto se reconoce la capacidad técnica de la empresa, se señala que para sostener esa performance y encarar nuevas inversiones resulta clave abrir la puerta al capital privado.
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de ejecutar el proceso de privatización. La licitación será pública, bajo los lineamientos de la Ley 23.696.
El decreto también prevé la intervención de la Secretaría de Trabajo para evaluar la factibilidad del Programa de Propiedad Participada y el envío de un informe a la Comisión Bicameral del Congreso, cumpliendo con los requisitos legales.