El país atraviesa un deterioro inédito de la libertad de expresión. Según el Foro de Periodismo Argentino, hasta septiembre de 2025 ya se registraron 226 ataques contra periodistas, 111 de ellos perpetrados directamente por el presidente, Javier Milei. La campaña “Hostigar al periodismo no borra los hechos” alertó que el libertario instaló la violencia simbólica como marca de gestión, con consecuencias graves para la democracia.
Milei llevó el ataque a la prensa a niveles nunca vistos en democracia. Con insultos permanentes, acusaciones infundadas y la utilización de redes sociales para estigmatizar, el presidente se transformó en el principal agresor de periodistas en la Argentina. FOPEA contabilizó hasta el 23 de septiembre 226 ataques a la prensa en lo que va del año, 111 provenientes del propio jefe de Estado.
Lo que en otros gobiernos fue práctica ocasional, en Milei se volvió doctrina, por lo cual el mandatario convirtió la estigmatización en política de Estado. En ese aspecto, desde la Casa Rosada se lanza a diario una ofensiva para desacreditar a periodistas críticos, a quienes reduce a “operadores” o “corruptos”. Esta violencia simbólica, repetida como martillo, busca silenciar y disciplinar al periodismo.
Sin embargo, no es un hecho reciente porque desde su llegada al poder, Javier Milei convirtió la agresión en marca registrada. Entre discursos oficiales, entrevistas y publicaciones en redes sociales, el presidente acumuló más de mil insultos y descalificaciones dirigidos sobre todo a periodistas, dirigentes opositores y economistas críticos.
Un relevamiento aseguró que los ataques a diario alcanzaron un promedio de 2,3 con picos que llegaron a cinco agravios por día durante diciembre de 2024, lo que evidencia una violencia verbal sostenida e inédita desde la Casa Rosada.
El Foro de Periodismo Argentino advirtió que sin información de calidad no existe democracia posible. Sin embargo, el Gobierno no se conformó con tan solo insultar, también avanzó con medidas concretas de censura. El decreto 780/2024 restringió el acceso a la información pública, y en 2025 un juez federal dictó una cautelar que prohibió difundir audios de Karina Milei, en un acto de censura previa que retrocedió cuarenta años de historia democrática.
La campaña “Hostigar al periodismo no borra los hechos” busca visibilizar esta escalada y recordar que la información publicada permanece, por más que el poder intente taparla. Pero la violencia ya dejó huella debido a la descalificación sistemática que erosiona la confianza ciudadana y degrada el debate público. En otras palabras, Milei no sólo agrede a periodistas, sino que excede de su poder en el derecho que tiene toda la sociedad a saber de lo que sucede en el país.
Silenciar para gobernar
En ese sentido, los ejemplos sobran, como en el caso del periodista Carlos Pagni quien fue insultado por el oficialismo tras exponer el ingreso de valijas sin control en Aeroparque, aunque la Justicia luego confirmó el hecho. En Rosario, Germán de los Santos debió vivir bajo custodia tras recibir amenazas de muerte de narcos, mientras el Estado se mantuvo ausente. En Entre Ríos, Daniel Enz fue perseguido judicialmente luego de destapar los negocios turbios de Sergio Urribarri.
FOPEA recordó que el hostigamiento a la prensa se repitió a lo largo de los años, pero la diferencia hoy es la magnitud y la sistematicidad de la violencia desde el propio Estado nacional. Milei encabeza un gobierno que, en lugar de garantizar derechos, instala el insulto como política oficial y naturaliza la persecución de periodistas.
La ofensiva libertaria también encontró eco en redes sociales, donde funcionarios y militantes repiten el discurso de odio presidencial. El resultado es un clima de hostilidad permanente, donde la crítica se castiga y la libertad de expresión se reduce a una consigna vacía.