El Gobierno firmó el veto a la Ley Nº 27.794, que establecía la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. La medida, oficializada este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto 652/2025, marca un nuevo episodio con los gobernadores.
Esta norma fue sancionada en ambas cámaras del Congreso de la Nación luego de un acuerdo entre los 24 distritos. Su objetivo era modificar el régimen de los ATN, un fondo creado dentro de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con el fin atender “desequilibrios financieros y situaciones de emergencia” de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En ese sentido, la nueva ley establecía que los recursos de los ATN serían “redistribuidos en forma diaria y automática” y en las mismas condiciones que la coparticipación federal y que los recursos que la compusieran serían considerados “integrantes de la masa de fondos coparticipable”. Además, consideraba los porcentajes reconocidos a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y CABA.
Firmado por Javier Milei, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein, el Decreto argumenta el Fondo de ATN fue instituido con una “finalidad específica” de atender emergencias y desequilibrios financieros, bajo la asignación del entonces Ministerio del Interior.
A su vez, en el escrito se sostiene que la verdadera solución al problema del reparto fiscal no radica en reformas parciales, sino en un consenso amplio y duradero. Por último, establece que el veto es una facultad constitucional del Presidente, la cual es necesaria para evitar que una ley, cuya finalidad es financiar gasto corriente de las provincias, entre en vigencia.
Cabe mencionar que la medida se da en un contexto de alta tensión provocado por la dura derrota en las elecciones de Buenos Aires y los diversos escándalos de corrupción que involucran al Gobierno. Más que un debate fiscal, la decisión desnuda la necesidad del oficialismo de devolver el golpe tras el revés electoral, como quedó demostrado con los vetos de la Ley de Financiamiento Universitario y la ley que declara la Emergencia Pediátrica.