Por Jésica Bustos
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante medidas que perjudican a las y los recuperadores de residuos domiciliarios. Contenedores “antivandálicos”, incentivos salariales paupérrimos y recortes en el transporte ponen en riesgo las fuentes de trabajo y un sistema de recupero que aún funciona. Jésica Espíndola, trabajadora cartonera, pide que los dejen trabajar tranquilos y que mejoren el sistema de reciclado. Se pregunta: “Si el trabajo que hacemos los cartoneros es reconocido nacional e internacionalmente, si la ciudad ganó premios por eso, ¿qué hay de malo en lo que hacemos?”. La tarea que realizan es vital para reciclar la basura y evitar disposiciones finales contaminantes.
A finales de julio, el intendente de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció a través de un tuit que daba por finalizado el financiamiento para el traslado diario de cartoneras y cartoneros. Hace 18 años, el gobierno porteño estableció un sistema de colectivos para uso de las y los trabajadores que viajan diariamente desde el Conurbano bonaerense para limpiar la ciudad. Macri fundamentó su decisión de darlo de baja en el vínculo entre algunas cooperativas de reciclado con el dirigente político y social Juan Grabois. En respuesta a esta medida, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores lleva adelante un acampe con huelga de hambre en el Parque Lezama (CABA).
Más tarde, faltando a la palabra de funcionarios de su gobierno que se habían comprometido a una mesa de diálogo y negociación para octubre de este año, el primo del ex presidente Mauricio Macri redujo el servicio de transporte que se había organizado para que los trabajadores lleguen desde sus casas, en la provincia de Buenos Aires, a Capital. Ahora los recicladores tendrán que destinar el 20 por ciento de sus ingresos a viáticos. El incentivo que la Ciudad les paga por la tarea que realizan no supera los 390.000 pesos.
En los primeros días de agosto, Macri redobló la apuesta. Con un video denigrante difundido en redes sociales anunció que quienes revuelvan los tachos en las calles serán penados con multas de hasta 900.000 pesos.
Muy lejos de la realidad que viven las cientos de personas que buscan en los contenedores algo para comer o vender, Laura Alonso, vocera del gobierno porteño, apoyó la medida. Publicó en sus redes sociales: “Si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. (…). La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro”.
“Ellos no saben lo que es la necesidad, no saben lo que es irse a dormir con dolor de panza por hambre”, sostiene Espíndola, quien integra la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. Esta cooperativa es pionera y es la más grande de las que trabajan en la capital. Se encarga de tres Centros Verdes (espacios donde se clasifican y gestionan los residuos reciclables) y contiene a casi 4.000 trabajadores, contando a los de planta, logística y calle. La trabajadora afirma que lo que hace Jorge Macri es “denigrar el trabajo que se hace desde hace años”.
También se refiere a la incorporación de los tachos “antivandálicos” en las calles porteñas. Estos contenedores cuentan con una tapa con resorte que hace que cierre sola y los residuos caigan dentro. El diseño impide que las bolsas puedan ser retiradas de forma manual. Espíndola señala que complejiza la tarea de los recicladores que encuentran allí material que pueden comercializar. “Cuando no llegás con tu salario para afrontar el gasto de una zapatilla, sabes que vas para Capital y las encontrás en un tacho o que un vecino te regala algo”, explica.
El destrato para con los recuperadores urbanos comenzó hace meses. No fueron sólo los tachos «antivandálicos» con la excusa de la suciedad dispersa en la ciudad ni la reducción del transporte. También hubo detenciones, clausuras, secuestro de mercadería y de herramientas de trabajo de los recuperadores y hasta el intento de desalojo y reubicación del predio de El Ceibo, una de las cooperativas que funcionan en la Capital Federal.
Sin ventas y sin bondis
Junto con la devaluación de finales de 2023 y la posterior desregulación de las importaciones, el consumo se redujo exponencialmente y el precio de los materiales reciclables cayó bruscamente. “Haber abierto las importaciones nos juega en contra porque hay industrias que compran las bobinas (de cartón o papel) afuera. Eso bajó el precio del material que nosotros vendemos y ya no nos compran”, explica Espíndola.
A esto se suma la reducción del transporte de las y los trabajadores que provienen del conurbano bonaerense. Los colectivos fueron retirados definitivamente a principios de agosto, pero ya había un esquema reducido desde abril. Actualmente solo funcionan los servicios de apertura y de cierre de la planta de tratamiento. La medida perjudica a 6.500 trabajadores.
La restricción del servicio de colectivos impacta en los ingresos y en la organización de la vida en general. Según explica la trabajadora cartonera, ahora los recuperadores tienen que salir muchas horas antes de su casa para llegar en el horario en el que el Gobierno les toma el presentismo. Eso equivale —relata— a dejar mucho más tiempo a sus hijos solos y a volver mucho más tarde porque se tienen que tomar dos o tres colectivos.
Además, el uso del servicio regular de los colectivos que entran y salen de CABA se vuelve imposible. En horas pico es muy alta la demanda, por lo que los cartoneros no llegan a subirse. Eso dificulta la llegada al trabajo y el regreso a casa. “Los colectivos se llenan, se colapsan de cartoneros. Muchas veces ni frenan. Somos alrededor de 20 o 25 compañeros esperando y no paran. Tampoco podemos llevar la mercadería que conseguimos acá para vender en la feria porque no nos permiten subir con bolsas. Antes podíamos hacerlo con los otros micros y colaboraba con el sostén del hogar”, describe.
Nicolás Bueno es el presidente de la Cooperativa El Ceibo, que funciona en el barrio de Palermo. Junto a otras once cooperativas se encarga de los residuos sólidos urbanos en cogestión con el gobierno de la ciudad. Hace apenas dos meses, las 250 familias que dependen del trabajo allí vivieron en carne propia los impactos de estos tiempos en los que se prioriza el mercado desregulado. El Decreto 67/25, de privatización de la empresa Belgrano Cargas, motivó el intento de desalojo del predio en el que trabajan. Hace 20 años, la empresa ferroviaria les había cedido el terreno. Tras el decreto, la firma les comunicó que debían abandonarlo. Mientras tanto, el gobierno les propuso reubicarse en un predio de Núñez, que es más chico y deben compartir con otra cooperativa.
El Ceibo no hace uso del transporte recortado pero Nicolás Bueno entiende que la medida afecta severamente a las cooperativas El Amanecer de los Cartoneros, Las Madreselvas y Recuperadores Urbanos del Oeste. “Si el Gobierno les saca los colectivos a la gente que viene a trabajar, estaría bueno que se piense en dar viáticos a todos los trabajadores del sistema de reciclado”, propone. Y agrega que “son muchos los trabajadores de los centros verdes y cooperativas de reciclado y es mucha la plata que se gastan en transporte”.
La suspensión de los micros no sólo afecta a los recuperadores urbanos que van a Capital desde Villa Fiorito o Ingeniero Budge (provincia de Buenos Aires), como es el caso de los trabajadores de El Amanecer. También impacta en el resto de los trabajadores que comparten el mismo transporte regular. “Si no devuelven los micros, se va a complicar mucho más con los de línea. El sistema va a colapsar”, advierte. Y coincide en que el tiempo invertido en el viaje “los afecta en todo sentido”.
Destruir el sistema de reciclado urbano
El desfinanciamiento de un sistema de reciclado que lleva años funcionando de manera cogestionada con cartoneros y cartoneras llevará a que las fallas se vean diariamente. Más amontonamiento de material, más residuos en las calles y la erosión de los vínculos comunitarios que se construyen entre estos trabajadores y los vecinos de la ciudad.
“Nosotros prestamos un servicio de reciclado y ese servicio va a empezar a tener fallas. Eso va a derivar en que ellos digan que la cooperativa no cumple, que deja el material en la calle, que los recolectores salen en cualquier horario. Ellos mismos quiebran el sistema para que el damnificado sea el cartonero”, argumenta Espíndola. Y agrega: “El Gobierno desarmó una estructura de transporte que nosotros venimos construyendo desde hace años”.
La separación en las viviendas de los residuos y la recolección diferenciada lubrican los engranajes de un sistema enorme, que tiene varios eslabones, de los cuales el más importante es el que ocupa el recuperador que concientiza al vecino y se compromete con éste a pasar ciertos días y en determinado horario. No es magia, es construcción colectiva y comunitaria.
“Son ellos mismos los que optaron por desvalorizar el trabajo del recuperador, porque toda esa estructura que se tenía organizada ahora va a hacer que la ciudad esté más sucia. Ahora hay compañeros que van a llegar mucho más tarde o no van a llegar a sus puestos de trabajo”, señala.
Quemar basura
La generación de residuos en las ciudades es uno de los problemas estructurales más urgentes a resolver. La Ciudad de Buenos Aires no es la excepción. En septiembre de 2004, con apoyo de las cooperativas de Trabajo y Medio Ambiente, El Ceibo, Greenpeace y de otros representantes del sector no gubernamental, se presentó un proyecto de ley que fue debatido durante un año. Finalmente, la Ley 1854 de Gestión de los Residuos Urbanos, conocida como «Basura Cero», fue sancionada en 2005 y reglamentada en 2008. En su redacción original proponía una reducción progresiva de la cantidad de residuos que se entierra mediante el aprovechamiento de las industrias del reciclado y de la reducción en la generación de residuos per se. Sin embargo, ese proceso legislativo tuvo varias idas y vueltas.
Según datos de Greenpeace, el gobierno porteño no cumplió con la reducción escalonada de la basura enterrada planteada por la ley. En 2018, la Legislatura modificó la norma y permitió la incineración de residuos. Apeló a una tecnología costosa y contaminante que estaba explícitamente prohibida en el texto original. A través de la Ley 5.966 también se modificaron los objetivos y el año de base para reducir la basura que se envía a disposición final: 50 por ciento para 2021, 65 por ciento para 2025 y 80 por ciento para 2030. Los legisladores tomaron como base a 2012, año en el que se enterraron 2.131.072 millones de toneladas de residuos, en vez de 2017, cuando la cantidad fue aproximadamente la mitad.
En aquella oportunidad, el Observatorio del Derecho a la Ciudad advirtió que la Ley 5.966 modificó, sin decirlo explícitamente, la Ordenanza 39.025 «Código de Prevención de la Contaminación Ambiental» que prohíbe al gobierno porteño la instalación de incineradores. La quema de residuos es perjudicial para el ambiente y la salud de la población y va en detrimento del trabajo de los cartoneros.
Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la incineración de residuos sólidos urbanos no es una tecnología renovable ni limpia. La combustión genera emisiones de gases de efecto invernadero. Compite con el reciclado y por lo tanto con la economía circular, ya que los residuos reciclables de mayor poder calorífico son los más codiciados por las plantas incineradoras y por la industria del reciclado. Es una tecnología cara, ya sea para generar energía como para tratar los residuos sólidos. Y es altamente dependiente de los subsidios estatales, porque los costos de capital y de operación nunca alcanzan a ser financiados por la venta de energía a precios de mercado, según experiencias de otros países.
En 2019, el Poder Judicial declaró nulo e inconstitucional la aprobación de los incineradores. El fallo de la jueza Elena Liberatori exhortó al Gobierno y a la Legislatura porteña a tomar en cuenta el principio precautorio para la evaluación de proyectos o tecnologías que pudieran generar un daño socioambiental. También se planteó allí la violación del Principio de Congruencia, debido a que el Gobierno “no tuvo en cuenta los presupuestos mínimos contenidos en la Ley General del Ambiente ni las disposiciones de la Ley Nacional de Residuos Domiciliarios que autorizan en la etapa de tratamiento la valorización de residuos entendida como el reciclaje en todas sus formas”.
La inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Basura Cero fue un logro alcanzado tras el amparo colectivo presentado por la Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada y las cooperativas El Ceibo, El Álamo, Las Madreselvas, Reciclando Trabajo y Dignidad, Del Sur; y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, FARN, la Asociación por la Justicia Ambiental y Greenpeace.
Una lucha más y contando
Tras la decisión del gobierno porteño se cortó la comunicación con las y los cartoneros. Espíndola cuenta que se movilizaron al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana para entregar un petitorio. Al cierre de esta nota, nadie del gobierno local se había puesto en contacto con ellos.
Los cartoneros organizados conocen muy bien lo que es luchar por conseguir derechos laborales. Fue gracias a la organización que se logró la Ley de Basura Cero en 2005, donde se reconoció su trabajo como un servicio ambiental. Fueron ellos quienes tras la crisis del 2001 lucharon para que la policía no les cobre un “peaje” para entrar a la ciudad a juntar material. Y fueron quienes presentaron un esquema de rutas de recupero para que cada sector de la ciudad tuviera recuperadores.
De las doce cooperativas que trabajan en conjunto con el gobierno porteño, solo Amanecer de los Cartoneros recupera 3.000 toneladas mensuales de materiales que se salvan del relleno sanitario, según información que ellos mismos proporcionan.
¿Por qué es importante la reducción del entierro de residuos? Porque las ciudades crecen y con ese crecimiento, aumenta la cantidad de residuos que generamos. Los sitios de disposición final como el de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) tienen un límite. Si no se implementan políticas públicas destinadas a concientizar a la población en el consumo y posterior separación en origen, el reciclado no es posible. Se necesitan acciones mancomunadas para lograrlo, desde lo individual y hogareño, hasta lo comunitario y colectivo.
Espíndola afirma: “Se ensañaron con los que menos tenemos, nos quieren hacer sentir que somos menos persona que el resto. Pero no va a ser así. No vamos a dejar de dar pelea y de luchar por nuestros derechos”.
*Edición: Mariángeles Guerrero.