Un estudio de la consultora Zuban-Córdoba revela el fuerte impacto político y social del denominado “Coimasgate” o “Karinagate”, escándalo de presunta corrupción que involucra a Karina Milei y a integrantes de la familia Menem.
El informe comienza por remarcar el contexto en que surge la polémica: “Con una aprobación de gobierno que viene en baja desde hace unos meses, este caso de corrupción surge a posterior de una derrota legislativa como el rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad, y con el trasfondo de las muertes por el fentanilo contaminado y la crisis sin clausura del libragate, motorizada por la falta de información, subestimación, negación y ocultamiento”.
En ese sentido, según la encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto a 1.200 personas en todo el país, el 62,3% de los consultados considera que el gobierno está improvisado para enfrentar la situación, mientras que apenas un 34,7% lo calificó como preparado.
Al indagar sobre los protagonistas del caso, un 65,5% respaldó la idea de que Karina Milei y los Menem deben renunciar a sus cargos en el gobierno y dejar que la Justicia los investigue.
A su vez, el 69,9% afirma que no pondría “las manos en el fuego” por ellos, marcando un quiebre en la confianza hacia las principales figuras de La Libertad Avanza.
Uno de los datos más interesantes gira en torno al presidente. El 56% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con que Javier Milei debería ser sometido a juicio político por el coimasgate. Asimismo, el 60% señaló que el caso debilitó a su gobierno.
La reputación presidencial aparece fuertemente golpeada, dado que un 66,4% considera que la imagen del gobierno empeoró tras el Coimasgate, y casi la mitad (47%) opina que la gestión libertaria es “más corrupta que las anteriores”.
Por otra parte, el estudio indagó en la intención de voto. Ante la pregunta de si el caso modificó su voto para las elecciones de octubre, un 48,9% optó por la opción “No, pensaba votar en contra del gobierno de Milei”. A ellos se les suma el 10,5% que aseguró “sí, pensaba votar al gobierno y ahora no lo voy a votar”.
El informe también advierte sobre el frente económico: el 61% de los argentinos cree que el caso impactará negativamente en los mercados, y un 61,4% sostiene que generará una caída en la confianza de los inversores hacia la Argentina.
El estudio concluye que el gobierno enfrenta una “policrisis”: una combinación de incertidumbre judicial, riesgo económico y daño reputacional que amenaza con profundizar la erosión de la confianza pública.