El escandaloso despido del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, pone de relieve una lógica de censura y silenciación. Bajo el lema implícito “hablás, te escuchan y te echan”, el Gobierno de Javier Milei retira de un plumazo a quienes hacen visibles sus miserias internas.
Diego Spagnuolo, abogado de cabecera de Milei y sin experiencia en niñez ni discapacidad, fue removido «de manera preventiva» tras la difusión de audios en los cuales hablaba de coimas y retornos en la compra de medicamentos por parte de laboratorios que contrataban con el Estado.
Los audios que complicaron a Spagnuolo y al Gobierno
En esos audios, atribuidos a Spagnuolo, se hace alusión explícita a una red de recaudación ilegal: laboratorios debían pagar para hacerse de contratos. Se menciona a la droguería Suizo Argentina como intermediaria, y se identifican como beneficiarios directos a Karina Milei y a los hermanos Menem.
El exfuncionario incluso expresó haberse sentido “defalcado” por operadores solapados (“A mí me están defalcando la agencia”) y señaló que había alertado al propio presidente de estas prácticas.
La respuesta del Gobierno llegó con la remoción express y el anuncio de que el Ministerio de Salud intervendrá la agencia, evitando pronunciarse sobre las acusaciones concretas en los audios. El comunicado oficial justificó la medida por la «evidente utilización política de la oposición en año electoral».
Remoción exprés y “criterio preventivo”: el Ejecutivo prioriza la imagen sobre la investigación
El episodio refleja una práctica común en la gestión: exhibir una postura de tolerancia cero frente a la corrupción, pero siempre bajo la opaca etiqueta del “criterio preventivo”, que sirve para preservar la imagen presidencial evitando profundizar la investigación.
El mute de la voz crítica, incluso cuando proviene de un funcionario cercano, contrasta con la agresividad discursiva del Gobierno y su énfasis en la transparencia. Este caso expone cómo el Gobierno de Milei actúa con rapidez para apartar a voces incómodas, pese a su cercanía, cuando señalan irregularidades dentro del poder.
En lugar de impulsar una investigación abierta, el accionar oficial apunta a contener el ruido mediático y electoral, salvaguardando la figura presidencial, mientras aplaza cualquier esclarecimiento real de la trama de corrupción denunciada.