A través de un comunicado, la organización ambiental Greenpeace expresó su preocupación y repudio ante el Plan de Inteligencia Nacional elaborado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En él se incluye el espionaje a ecologistas e indígenas, en un contexto marcado por agresiones en redes sociales a organizaciones y activistas ambientales por parte de actores vinculados al gobierno.
Según explicaron, el plan pretende “identificar y monitorear” a “actores de interés”, “actores estratégicos”, “actores no estatales”, y actores que tengan la capacidad de “manipular la percepción” de las personas con ideas contrarias al gobierno.
En ese sentido alertaron que la SIDE vigilará al activismo ambientalista y a los pueblos originarios, como así también a todos aquellos que tengan capacidad de incidencia política o de obstruir proyectos extractivos y la explotación de “recursos naturales estratégicos”, y a quienes promuevan las “energías renovables” o se refieran al “cambio climático”. “Se trata de un espionaje completamente ilegal que ya ha sido denunciado ante la Justicia por organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos”, señalaron.
A su vez, Greenpeace informó que las agresiones en redes sociales por parte de funcionarios o seguidores del gobierno fueron denunciadas, tanto las cometidas contra ellos como con otras organizaciones ecologistas y activistas. “Nos solidarizamos con las personas y organizaciones afectadas”, manifestaron.
“Greenpeace recuerda que la libertad de expresión no se limita a ideas mayoritarias o favorables al gobierno, sino también a aquellas que puedan cuestionar o sean contrarias a las políticas estatales. Expresar opiniones no debería implicar riesgos”, sostuvieron.
Además mencionaron que las manifestaciones públicas son herramientas para visibilizar reclamos e interpelar a las autoridades. “Cuando se amenaza, reprime o deslegitima la libertad, la calidad de la democracia se ve afectada en su práctica diaria”, aseguraron. “El ejercicio de la protesta pacífica y a manifestar libremente nuestras ideas es fundamental en cualquier democracia, y un derecho que el Estado debe respetar y garantizar”, concluyeron.