Cinco meses después de recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por efectivos de Gendarmería Nacional, el fotógrafo Pablo Grillo continúa su recuperación y enfrenta una nueva cirugía para la colocación de una prótesis. La investigación avanza lentamente, mientras las pericias confirman que el disparo violó todos los protocolos de uso de armas de disuasión.
El hecho ocurrió el 12 de marzo durante la protesta de jubilados que se realiza los miércoles en las inmediaciones de Plaza Congreso. La represión, en la que participaron distintas fuerzas de seguridad, terminó con Grillo gravemente herido tras el impacto de un proyectil calibre 38.1 milímetros disparado por un miembro de la Unidad Móvil 6 de Gendarmería. El proyectil, según las primeras evaluaciones, fue disparado a una altura y distancia incompatibles con las normas internacionales de actuación policial.
La reconstrucción del disparo
El pasado lunes, expertos de la División Balística de la Policía de la Ciudad realizaron una pericia en el Centro Argentino de Seguridad, en General Rodríguez, para reconstruir la trayectoria del disparo. La orden fue emitida por la jueza María Servini y el informe final será remitido al fiscal Eduardo Taiano.
La pericia tuvo como objetivo determinar la trayectoria de la granada desde su origen hasta el impacto, la velocidad alcanzada, el ángulo de salida del proyectil y si rebotó contra alguna superficie antes de herir al fotógrafo. También se evaluó la posición exacta tanto del gendarme que disparó como de Grillo en el momento del impacto.
En la diligencia participaron peritos de la querella, Silvia Bufalini y Agustina Oberti, y de la defensa, Emilio García Chavarría, este último vinculado a la coordinación con el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.
Previo a esta reconstrucción, el 2 de agosto se realizó una planimetría en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Solís (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), , el lugar donde Grillo cayó herido, con el fin de ubicar en el espacio los elementos clave para entender cómo ocurrió el disparo.
Un disparo fuera de protocolo
Según la causa, el proyectil fue lanzado con una pistola lanzagases Unic Serie 00660, un arma cuyo uso está regulado por protocolos que prohíben disparar directamente contra personas, especialmente a la altura del torso o la cabeza. El análisis también incluye datos antropométricos del gendarme Guerrero, señalado como el autor del disparo, para establecer con precisión la posición y el ángulo del arma al momento de la agresión.
La investigación busca determinar no solo la mecánica del disparo, sino también las responsabilidades institucionales detrás del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas.
Un caso que interpela a la libertad de prensa
El ataque contra Pablo Grillo se inscribe en un contexto de creciente hostigamiento y criminalización de la labor periodística en la cobertura de protestas sociales. Organizaciones de derechos humanos y de prensa insisten en que este tipo de agresiones, además de atentar contra la integridad física de comunicadores, constituyen un mensaje intimidatorio para todo el periodismo.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), quienes representan a la familia de Grillo como querellantes en la causa exigieron dar con los responsables. “Bajo la justificación de aplicar la resolución 943/23, conocida como el “Protocolo anti-piquetes”, la decisión de la ministra Patricia Bullrich fue arremeter contra quienes se manifestaban en la Plaza del Congreso para impedir el desarrollo de la protesta”, expresaron desde su sitio web.
“Este protocolo habilita a las fuerzas de seguridad a dispersar las manifestaciones cuando el tránsito sea interrumpido u obstaculizado. También contiene disposiciones que les permiten recabar información que luego utilizan para criminalizar, perseguir y estigmatizar a referentes y participantes de manifestaciones públicas y a las organizaciones políticas, sociales y sindicales involucradas. Como venimos diciendo desde diciembre de 2023, este Protocolo es inconstitucional”, concluyeron.
Mientras tanto, Grillo enfrenta un proceso de recuperación prolongado y doloroso, a la espera de que la justicia determine responsabilidades. A cinco meses del hecho, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién responde cuando el Estado dispara contra quienes registran la historia?