La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, junto al Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), presentó la semana pasada el primer Informe de regresiones ambientales correspondiente a los primeros dos años del gobierno del presidente Javier Milei.
El documento, titulado “Informe de Regresiones Ambientales bajo el Gobierno de Javier Milei 2024-2025”, detalla un conjunto de medidas que, según sus autores, desmantelan organismos estatales, derogan normativas de protección ambiental y favorecen la explotación intensiva de los bienes comunes naturales.
La investigación será presentada ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional. En su publicación advierten que “la Ley Bases y el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) no son reformas: son blindajes jurídicos para legalizar el despojo”. En ese sentido, los autores afirman que “el Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en cómplice del extractivismo”.
Sobre el informe
El informe sistematiza las regresiones socioambientales registradas desde diciembre de 2023 hasta el 8 de julio de 2025, fecha en la que finalizó el plazo de las atribuciones extraordinarias concedidas al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases.
Entre los ejes analizados se destacan el impacto del RIGI, que otorga beneficios fiscales y cambiarios por 30 años a sectores extractivos. De igual manera, denuncia la continuidad y ampliación de subsidios a empresas de hidrocarburos, como así también el aumento de la deforestación en Chaco.
Dentro de los cuestionamientos al Gobierno, el informe registra la criminalización de la protesta socioambiental, con detenciones y allanamientos en distintas provincias. Dentro de sus conclusiones, aseguran que “en lo social, este programa de destrucción se articula con la implementación de una política de criminalización y represión de la protesta social, en todos sus aspectos”.
Además, el documento menciona el traslado del Servicio Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad; la disolución de fondos fiduciarios ambientales; y el desfinanciamiento de programas claves, como el Fondo Nacional para la Conservación de Bosques Nativos, que recibió una partida 28 veces menor a la estipulada por ley y no ejecutó fondos en 2024.
A lo largo de la investigación, los especialistas aseguran que “Argentina se orienta cada vez más a la extracción y exportación de petróleo no convencional”. Entre los datos, muestran que “si en 2020 sólo el 10% de la extracción en Vaca Muerta tuvo como destino la exportación, en los años 2022 y 2023, el promedio llegó a un 24%”.
Javier Milei, un presidente negacionista
En la misma línea, el informe subraya el negacionismo del presidente y parte de su gabinete frente al cambio climático y sus causas. Para los realizadores de este trabajo, la postura del gobierno “restringe el acceso a bienes fundamentales como el agua y la energía, y vulnera principios del Acuerdo de Escazú, como la no regresión y la progresividad”.
El documento concluye que “una de las mayores características del programa de la extrema derecha libertaria es la vertiginosidad y aceleración de las reformas en curso, posibilitadas por las facultades extraordinarias, de alto impacto económico, cultural y social”. Y denuncian: “La política ambiental de Milei no es una anomalía: es el proyecto. Y hay que frenarlo”
En este sentido, para el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial “el negacionismo climático se convirtió en política de Estado”. Es por esta razón, que advierten que “desde diciembre de 2023, Argentina atraviesa el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación de la democracia”.