La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó recientemente su Opinión Consultiva OC-31/25, donde por primera vez reconoció al cuidado como un derecho humano autónomo, indispensable para garantizar una vida digna y el ejercicio de otros derechos.
Sin embargo, este reconocimiento choca de frente con el contexto actual de la Argentina, donde las políticas de ajuste impuestas por el gobierno de Javier Milei, bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI), avanzan sobre los recursos destinados a sostener aquello que hace posible la vida.
En este nuevo marco jurídico internacional, el cuidado ya no puede ser entendido como un asunto privado o doméstico. La Corte plantea que toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada y al autocuidado, y que ese trabajo -mayoritariamente ejercido por mujeres- debe ser reconocido, retribuido y garantizado por el Estado mediante políticas públicas activas y presupuestos con perspectiva de género.
Cuidar en tiempos de ajuste
Lejos de priorizar la asignación de recursos para políticas de cuidado, el gobierno argentino redujo de forma drástica el presupuesto en áreas clave como salud, desarrollo social, educación y seguridad social, en línea con los compromisos asumidos con el FMI. Como denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), esta orientación fiscal consolida un modelo regresivo que pone en riesgo derechos fundamentales, sobre todo para los sectores más vulnerables de la población.
Mientras la Corte Interamericana subraya la obligación estatal de garantizar infraestructura y servicios de cuidado -incluyendo licencias parentales, jardines, centros de día, reconocimiento previsional del trabajo doméstico y articulación con el mercado laboral-, el Gobierno argentino desmanteló programas sociales, recortó el presupuesto destinado a las infancias y paralizó iniciativas orientadas al sistema integral de cuidados.
Según lo expuesto por el CELS, la reducción del rol del Estado en materia de políticas sociales afecta de forma directa a las mujeres que encabezan hogares monomarentales, a las cuidadoras comunitarias, a las adultas mayores y a las personas con discapacidad. Esto no solo profundiza la feminización de la pobreza, sino que atenta contra la posibilidad de sostener un proyecto de vida autónomo.
Mientras se amplían derechos en el mundo, el presidente argentino vetó la ley que declaraba la Emergencia en Discapacidad. Esta norma había sido aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. El proyecto buscaba garantizar el acceso a derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad hasta diciembre de 2027, en un contexto de severos recortes y demoras en los pagos por parte del Estado.
El veto, oficializado el 4 de agosto, profundiza la exclusión y el abandono estatal hacia uno de los colectivos más vulnerables, en clara contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos. Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostuvieron que la medida “no es austeridad, es abandono”.
El cuidado como bien público
La Corte fue contundente: sin cuidados no hay autonomía, igualdad ni democracia. El reconocimiento del cuidado como derecho humano interpela a los Estados a adoptar un enfoque fiscal redistributivo, sostenible y con perspectiva de género. No obstante, en Argentina la política fiscal actual parece ir por el camino opuesto, reduciendo el Estado a su mínima expresión y desmantelando las redes que hacen posible la vida cotidiana en condiciones dignas.
Desde el CELS advierten que las tareas de cuidado no pueden seguir siendo invisibilizadas o naturalizadas como una carga individual o familiar. El documento del organismo internacional invita a repensar el cuidado como infraestructura social, una categoría que permite ubicarlo en el centro del debate sobre desarrollo, inclusión y derechos humanos.
Entre el derecho y la deuda
El derecho al cuidado exige, como mínimo, la existencia de servicios públicos accesibles, adaptados a cada etapa del ciclo de vida, sostenidos por financiamiento estatal. Pero en nuestro país se privilegia el pago de la deuda externa y el cumplimiento de metas fiscales por sobre las necesidades básicas de la población.
Mientras se multiplican las redes de asistencia autogestiva para suplir la ausencia estatal, el Gobierno no sólo se retira de sus funciones esenciales, sino que desfinancia y estigmatiza el trabajo comunitario. En este contexto, el fallo de la Corte Interamericana representa una herramienta clave para exigir el cumplimiento de obligaciones que trascienden los ciclos económicos o las decisiones de política doméstica.