El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, confirmó en las últimas horas el inicio formal del proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), empresa pública que gestiona el servicio de agua potable y redes cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Según el comunicado oficial difundido por el Ministerio de Economía, el objetivo es avanzar hacia “una gestión más eficiente y sustentable”, aunque sin mayores precisiones sobre el futuro de las tarifas, la calidad del servicio ni el destino de los trabajadores.
La decisión de desprenderse de una firma estratégica como AySA se inscribe en una lógica de recorte y achicamiento del Estado que ya dejó múltiples organismos cerrados o desmantelados desde que Milei asumió en diciembre de 2023.
En ese marco, voces críticas advierten que el impacto de esta medida puede ser profundo, tanto en términos de acceso a servicios esenciales como en materia de salud pública.
Una privatización que refleja el rumbo del gobierno
Desde el comienzo de la gestión libertaria, el Ejecutivo avanzó con el cierre del INADI, el Fondo Nacional de las Artes, Télam, el Consejo Federal de Políticas Sociales y programas del Ministerio de Desarrollo Social.
La privatización de AySA no sólo profundiza esa tendencia, sino que revive la lógica de las políticas del menemismo, cuando se vendieron empresas públicas estratégicas con promesas de eficiencia y modernización que luego derivaron en servicios costosos, deficientes o desiguales.
AySA abastece de agua potable y tratamiento de cloacas a más de 14 millones de personas. Su rol no es menor: garantizar el acceso al agua es considerado un derecho humano fundamental y constituye un pilar en las políticas de salubridad y prevención de enfermedades.
La eventual privatización, sin una sólida regulación estatal ni garantías de inversión y control, podría dejar zonas vulnerables aún más desprotegidas. Durante los gobiernos anteriores, se expandieron obras de infraestructura que alcanzaron barrios populares y periferias históricamente excluidas.
Impactos sociales, sanitarios y democráticos en juego
La iniciativa recuerda a lo ocurrido en los años ’90 con la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, cuyo traspaso al sector privado generó fuertes críticas por los aumentos tarifarios, la baja inversión en infraestructura y la exclusión de zonas no rentables. AySA fue reestatizada en 2006 tras el fracaso de ese modelo.
Hoy, con la misma narrativa de «eficiencia», se pretende volver a entregar a privados un recurso estratégico que no debería regirse por las reglas del mercado. Las privatizaciones de servicios esenciales suelen generar una lógica de rentabilidad que excluye a los sectores de menores ingresos.
Sin subsidios ni intervención estatal activa, es probable que se incrementen las tarifas y se reduzcan las obras en zonas menos lucrativas. En los hechos, esto significa que barrios populares, villas y periferias pueden quedar relegadas en el acceso al agua y cloacas, con consecuencias directas en la calidad de vida y la salud.
Uno de los puntos más cuestionados por referentes políticos, académicos y gremiales es la falta de debate público previo a la decisión. La medida fue anunciada de manera unilateral, sin consultas a trabajadores, sin estudios de impacto y sin instancias participativas que permitan discutir alternativas o mecanismos de control.
Incluso desde sectores no afines al gobierno se reclama mayor transparencia y diálogo institucional antes de avanzar con cambios estructurales de esta magnitud. Lejos de ser una política innovadora, la privatización de AySA forma parte de una agenda ideológica de ajuste fiscal y reducción del Estado que ya demostró sus límites en el pasado.
Privatizar el agua no sólo pone en riesgo un derecho básico, sino que sienta un precedente peligroso sobre el rol del Estado en la protección de bienes públicos. A medida que avanza el desmantelamiento de lo público, crecen las voces que advierten: no se trata sólo de números, sino de vidas.