El 18 de julio de 1994, a las 9:53, una camioneta bomba explotó frente al edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicado en Pasteur 633, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. El atentado provocó 85 muertes y más de 300 personas resultaron heridas, convirtiéndose en el ataque terrorista más brutal perpetrado en suelo argentino.
A 31 años del hecho, la causa judicial no identificó ni juzgó a los autores materiales e intelectuales del crimen. No obstante, el encubrimiento por parte del propio Estado argentino fue uno de los pocos hechos probados en sede judicial.
El rol del Estado: encubrimiento institucional
En 2019, el Tribunal Oral Federal Nº 2 dictó sentencia en la causa por encubrimiento. Entre los condenados estuvieron el exjuez federal Juan José Galeano, exfiscales, exfuncionarios del gobierno de Carlos Menem y exdirectivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El fallo determinó que el Estado argentino, a través de múltiples agencias, no solo obstaculizó la investigación, sino que fue responsable directo del encubrimiento del atentado.
El abogado y escritor Horacio Lutzky, autor de Iosi, el espía arrepentido, señaló en su cuenta de X: ”¿Sabías que el actual Jefe de Gabinete del gobierno de Milei acusó en un documento oficial al gobierno de Carlos Menem de ser el autor del encubrimiento del atentado a la AMIA, y del armado de una historia que dejó afuera a los principales sospechosos?”.
Se refiere a Guillermo Francos, quien en el año 2000 presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de Resolución 1656-D-00 cuando integraba el bloque Acción por la República.
“Mucho antes de ser libertario, Francos presentó un detallado y durísimo proyecto en la Cámara de Diputados, donde entre otras cosas sostuvo: Llamativamente todas estas irregularidades, absolutamente verificadas, tenían que ver con la pista siria de los atentados, es como si una poderosa mano invisible hubiera pretendido que en todo momento en que surgiera la posibilidad de que agentes de inteligencia sirios hayan participado de la preparación o ejecución de los atentados, se debía parar y anular estas investigaciones de inmediato”, continúa la publicación.
Memoria selectiva en clave de entretenimiento
La serie Menem (Amazon Prime), se suma a una tendencia que trivializa los años ’90 con una estética pop y nostálgica. El uso del personaje de Menem como ícono excéntrico oculta, en muchos casos, el trasfondo de decisiones que marcaron a fuego la vida de miles. La explosión de la AMIA, así como el atentado a la Embajada de Israel en 1992, fueron puntos de inflexión donde el pacto entre el poder político, judicial y los servicios de inteligencia quedó al desnudo.
La ficción, lejos de incomodar al presente, a veces lo adormece. La memoria se vuelve espectáculo cuando no interpela. Y la justicia, cuando no llega, se transforma en relato difuso.
El pedido
Cada año, las instituciones de la comunidad judía en Argentina renuevan su compromiso con la memoria y el reclamo de justicia. Bajo el lema “La impunidad sigue; el terrorismo también”, este año la convocatoria es de manera conjunta entre AMIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), y Familiares de las Víctimas.
Desde Amnistía Internacional dijeron a través de un comunicado: “Las organizaciones de familiares de víctimas, como Memoria Activa, persisten desde hace más de tres décadas en su demanda de justicia. Denuncian a quienes, desde distintos poderes del Estado, facilitaron el encubrimiento del atentado y aún hoy gozan de impunidad”.
Al mismo tiempo exige al Estado argentino que cumpla con la sentencia de la Corte IDH y avance en una investigación seria, independiente y eficaz. Esto significa que identifique, juzgue y sancione a todas las personas responsables, tanto del atentado como de su encubrimiento.
Pero además, que preserve, resguarde y garantice el acceso a toda la documentación vinculada al caso; y que fortalezca las capacidades estatales para prevenir ataques terroristas, siempre con un enfoque centrado en los derechos humanos.
La impunidad, una herida vigente
Desde 1994 hasta la fecha, el expediente judicial del atentado a la AMIA atravesó múltiples investigaciones, causas paralelas y juicios inconclusos. El informe de la Unidad AMIA de la Procuración General de la Nación señala que la causa por el atentado continúa en etapa de instrucción, sin avances significativos. La investigación internacional sobre el rol de Hezbollah y funcionarios iraníes sigue pendiente, y no se avanzó en el juicio en ausencia propuesto años atrás.
Por otro lado, el juicio por encubrimiento -finalizado en 2019- confirmó que la SIDE pagó 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para construir una versión falsa de los hechos. Según testimonios, este acuerdo contó con la anuencia del juez Galeano y el aval político de altos funcionarios del Poder Ejecutivo.
No obstante, a 31 años del atentado, el Poder Judicial argentino no logró ni juzgar a los culpables ni esclarecer los hechos. Las organizaciones de derechos humanos, junto a los familiares de víctimas, continúan sosteniendo la memoria en actos conmemorativos, campañas públicas y acciones judiciales.
Mientras tanto, la desclasificación total de archivos de inteligencia aún no se efectivizó. Tampoco las condenas por encubrimiento incluyeron a todos los responsables políticos e institucionales de la maniobra.
El atentado a la AMIA sigue siendo un símbolo de impunidad estructural, una muestra de cómo el aparato estatal puede funcionar no para esclarecer, sino para encubrir. La memoria colectiva se sostiene, no por las instituciones, sino por la persistencia de quienes se niegan a aceptar el olvido.