En las últimas semanas dos fallos revictimizaron a sobrevivientes de abusos sexuales por parte de la iglesia católica. Se trata del caso de Justo José Ilarraz y Raúl Sidders, quienes recuperarán la libertad tras las decisiones de la Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sobreseyó al ex sacerdote Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abusar sexualmente de siete menores de entre 12 y 15. En paralelo, el juicio contra Sidders debía comenzar la semana pasada, pero fue suspendido porque la jueza Carmen Palacios Arias declaró extinguida la acción penal por prescripción.
Lili Rodríguez, psicóloga e integrante de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina expresó que se trata de “una resolución disciplinadora que vulnera a los sobrevivientes”. En diálogo con Nota al Pie, explicó que “es un mensaje para todos los sobrevivientes” y que en todos los casos “la iglesia utiliza todos los recursos que dilatan y desgastan”.
Sobre el fallo
En 2018, Ilarraz fue declarado culpable de ataques sexuales contra siete menores que estaban a su cargo cuando era prefecto de disciplina del Seminario Arquidiocesano de Paraná. Días atrás, la Corte Suprema lo sobreseyó por lo que no deberá cumplir la condena de 25 años de prisión.
Durante el juicio se lo condenó por abusar sexualmente de siete menores de entre 12 y 15 años. Ahora, el tribunal consideró que los abusos sexuales prescribieron por haber sido cometidos entre 1988 y 1992. El fallo, que lleva la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dio lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa.
Al respecto, Lili Rodríguez denunció que “la Corte Suprema decide mirando papeles, desconociendo a esos sobrevivientes que llevan medio siglo buscando justicia”. Además, sostuvo que la resolución “pone en evidencia el entramado entre el poder judicial y el poder eclesiástico, esto no es aislado”.
El sobreseimiento de Raúl Sidders
El jueves 10 de julio, el excapellán del Colegio San Vicente debía ser juzgado por delitos sexuales cometidos hace dos décadas contra una niña. Sin embargo, en los días previos se dio a conocer un fallo mediante el cual se escuchó el pedido de la defensa y el Tribunal Oral Nº 5 dio por “extinguida” la acción penal por el paso del tiempo. De este modo, el cura que estaba próximo a ser enjuiciado recuperó su libertad.
La familia de la denunciante, Daniela Silva, el equipo defensor y las organizaciones que luchan contra el abuso eclesiástico marcharon frente a los tribunales para exigir justicia y repudiar la decisión judicial. Cabe destacar que la joven murió el año pasado mientras esperaba el juicio.
Patricia, la mamá de Daniela, dijo que “hay que seguir su lucha”. Y agregó: “Ella lo denunció desde una cama y estaba muy ilusionada con el juicio, de que el jurado lo declare culpable”. Una de las abogadas, Pía Garralda, sostuvo que seguirán acompañando a la familia: “Hoy presentamos la apelación y vamos a ir por todas las instancia para demostrar no solo la responsabilidad, no solo de Sidders sino de todos los curas abusadores”.
En este sentido, Lili Rodríguez aseguró: “Como Red, no podemos dejar de unir esta resolución con la decisión de la Corte Suprema de justicia”. Para la psicóloga, estos dos fallos significan “involución y resoluciones inhumanas”.
Los sobrevivientes denuncian cuando pueden
Desde la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina acompañan a les sobrevivientes ofreciendo contención, grupos de escucha y brindando información. En este sentido, Rodríguez explicó que “las personas hablan cuando pueden” dado que los abusos generan traumas que muchas veces impiden hablar durante años.
En cuanto a los tiempos, Lili también advirtió que la iglesia dilata los tiempos para lograr la prescripción de las causas. “A la vez la iglesia lleva todo un aparato para dilatar, encubrir, hubo responsables jerarcas de la iglesia que ayudaron a llegar a la prescripción”, comentó.
En cuanto a los proyectos para que estos casos no prescriban, la representante de la red explicó que las nuevas leyes se aplican para adelante y no contemplan los casos pasados. Es decir que, al tratarse de hechos que ocurrieron hace muchos años, estos quedan por fuera de las leyes actuales.
En este sentido, Rodríguez mencionó la preocupación de muchas redes y organizaciones por la prescripción. Para que esto no suceda, las ONGs coinciden en que las agresiones sexuales deben tratarse como delitos de lesa humanidad.