La Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI) elaboró un informe especial a un año de la promulgación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, llamada Ley Bases. La misma implicó, entre otras atribuciones, la asunción de facultades legislativas que el Congreso de la Nación le otorgó al Poder Ejecutivo por el plazo de un año.
En ese sentido, el informe indaga en las medidas que llevó adelante el presidente Javier Milei con las facultades delegadas, entre el 8 de julio de 2024 y de 2025. El estudio señala que durante este periodo “se identifican un total de 88 normativas, la mitad de ellas presentadas en los últimos tres meses de facultad”. “Más del 50% de las normas se refieren a la intervención, transformación o eliminación de organismos públicos, mientras que un 19% son desregulaciones, un 11% la disolución de fondos fiduciarios y un 9% privatizaciones”, detalla.
Entre los puntos más destacados del estudio se encuentra la disolución de organismos públicos clave como la Dirección Nacional de Vialidad; Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo; la Agencia Nacional de Seguridad Vial; el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Índigena; el Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento; y el Instituto Nacional de Medicina Tropical, entre otros. Asimismo, menciona aquellos que se desjerarquizaron
o desautonomizaron: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el
Instituto Nacional de tecnología Industrial, el Instituto Nacional contra el Cáncer, el Archivo Nacional de la Memoria, Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros.
Por otra parte, el informe hace hincapié en las normas que habilitan concesiones o privatizaciones de organismos o empresas públicas. En este punto resaltan que, gracias a las facultades delegadas por el Congreso, el Gobierno habilitó la privatización de dos empresas que había quedado fuera de la Ley Bases: Aerolíneas Argentinas y Banco de la Nación Argentina.
El Poder Ejecutivo Nacional también cerró 16 fondos fiduciarios públicos. “Algunos de los fondos eliminados eran instrumentos claves para el financiamiento de políticas de vivienda para sectores populares”, comentan los autores del trabajo. Entre estos fondos se hallan el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, conocido como Pro.Cre.Ar; el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social (FFVS) y el Fondo para la Integración Sociourbana (FISU). También se desmantelaron fondos de apoyo y promoción a la industria, como el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), así como para el desarrollo federal de infraestructura y conectividad, como lo eran el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).
Además, el FDHI explica que las facultades delegadas le permitieron al Ejecutivo llevar adelante distintas modificaciones de aspectos regulatorios. En esa línea remarcan el establecimiento como “servicio esencial” de actividades como la los servicios hospitalarios y educativos, la producción, transporte y distribución de agua, gas, combustibles y energía, las telecomunicaciones, los servicios aéreos, fluvio marítimos, aduaneros y migratorios, entre otros. “Junto con otras actividades declaradas como ‘servicios de carácter trascendental’, implica una restricción del derecho a huelga sin precedentes y que afecta a sectores clave del trabajo y la producción”, sostienen.
En este marco, desde la Fundación consideran que estas reformas “constituyen una gran pérdida para la capacidad del sector público de resolver los problemas que aquejan a la nación y al pueblo argentino”. “La readecuación normativa, el reordenamiento más eficiente de las funciones y empleos públicos, sin dudas deudas pendientes para los gobiernos nacionales, se transformó en la excusa para una aplicación salvaje de la motosierra”, expresan.
Informe completo disponible en el siguiente link.