El próximo lunes, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, decidirá si suspende su sentencia mediante la cual obliga a Argentina a entregar del 51% de las acciones de YPF. Por la misma causa ya son cuatro los casos que permanecen en la Corte de Apelaciones.
El origen del conflicto nació en 2012, cuando el Estado argentino expropió el 51% de las acciones de YPF que por entonces pertenecía a Repsol. Aunque la expropiación se aprobó con la votación del Congreso de la Nación se denuncian incumplimientos del estatuto de la propia petrolera.
Si bien Preska evalúa la suspensión de su sentencia, ello no significa que la misma se cancele sino que los beneficiarios del fallo no podrían ejecutar la sentencia mientras Argentina apela, según explicó Sebastián Maril, especialista en litigios y CEO de Latam Advisors.
De igual modo, y antes de la decisión por la suspensión o no de la sentencia, Argentina se adelantó y a través de la Procuración del Tesoro contrató abogados estadounidenses del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP para rechazar el fallo de la jueza.
Fue ayer jueves que Argentina adelantó esa apelación para ganar tiempo ante un posible nuevo revés y así propiciar que un tribunal más alto sea el que decida los pasos a seguir. Se advirtió que el Estado argentino recurriría a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en caso de un nuevo fallo desfavorable.
En los argumentos de la defensa argentina, se asegura que la decisión de la jueza Preska de entregar las acciones de YPF viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), el derecho federal norteamericano y principios de cortesía internacional. Además se advierte sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
Por otro lado, plantearon la Declaración de Interés por parte del Departamento de Justicia estadounidense, considerado un “apoyo” del gobierno de Donald Trump.
Argentina y las cuatro causas en Apelaciones por YPF
En total, son cuatro las causas en la Corte de Apelaciones de Nueva York vinculadas a YPF que mantiene el Estado argentino.
Las últimas en sumarse fueron las dos recientes sentencias de la jueza Preska, una a favor de los acreedores del juicio original, Burford Capital, y la otra en beneficio del fondo Bainbridge Fund, un demandante ajeno al caso pero con un reclamo que involucra a las acciones de YPF para saldar deudas con el Estado argentino.
La primera de las anteriores causas que ya tramitaban en la Corte de Apelaciones de Nueva York, se remontan al 2023: “La operación primaria es la apelación que hizo el gobierno de Alberto Fernández contra el fallo que obliga a pagar 16.000 millones de dólares”, recordó el especialista Sebastián Maril.
Dicha sentencia fue tal al determinar que Argentina violó el estatuto de YPF, al incumplir con la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios tras la nacionalización del 51% de la empresa.
En paralelo a esa causa, surgió la presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), la cual busca desestimar el caso “por corrupción en el proceso de nacionalización”, señaló Maril.