La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) designaron el 2025 como el Año Internacional de la Preservación de los Glaciares, lo cual marca un hito en los esfuerzos mundiales para proteger las formaciones de agua. Los glaciares son esenciales para proporcionar agua dulce a más de 2000 millones de personas en todo el mundo. Dependen de la nieve y el hielo de las montañas para el reabastecimiento necesario y mantener los ecosistemas, la agricultura, la energía, la industria y el agua potable.
A menudo se califica a los glaciares como las “torres o depósitos de agua del mundo” porque almacenan alrededor del 70 por ciento del agua dulce del planeta. Dichas formaciones de hielo cubren aproximadamente 700.000 kilómetros cuadrados de la tierra. Sin embargo, estas reservas están retrocediendo rápidamente debido al cambio climático y se prevé que sigan disminuyendo en casi todas las regiones del mundo a lo largo del siglo XXI, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Celeste Saulo, secretaria general de la OMM, explicó que “en 2023, los glaciares sufrieron la mayor pérdida de masa en cinco décadas de registros. Fue el segundo año consecutivo en el que todas las regiones del mundo con glaciares registraron pérdidas de hielo. El deshielo de los glaciares amenaza la seguridad hídrica a largo plazo de millones de personas”.
El deshielo de los glaciares, la nieve y el hielo se traduce en un aumento a corto plazo de los desprendimientos de tierra, avalanchas, inundaciones y sequías. A medida que los glaciares de montaña retroceden la disponibilidad y la calidad del agua río abajo se ve alterada, lo cual presenta consecuencias para los ecosistemas acuáticos y diversos sectores como la agricultura y la energía hidroeléctrica.
Los glaciares representan además “cápsulas del tiempo congeladas” que contienen archivos irreemplazables de la historia humana, ambiental y climática, los cuales proporcionan a los científicos datos inestimables sobre patrones climáticos históricos, composición atmosférica e incluso actividad humana a lo largo de miles de años. También representan uno de los puntos de inflexión climáticos del planeta por ser reguladores del ciclo hidrológico y del nivel del mar.
Su desaparición amenaza no sólo la seguridad del agua, sino también la pérdida de ecosistemas únicos y de la biodiversidad que ha evolucionado en estos entornos especializados.
En América del Sur, según los datos de 5500 glaciares de la cordillera de Los Andes recabados durante 2024, las montañas han perdido el 25 por ciento de su cobertura de hielo desde finales del siglo XIX y la velocidad a la que se están derritiendo los glaciares tropicales multiplica por diez la tasa media mundial acumulada. También se observaron cuantiosas pérdidas de hielo en glaciares de latitudes bajas y medias, como en la zona meridional de Los Andes y la Patagonia, donde la disminución del grosor de los glaciares está acelerando los procesos de fragmentación, con la consiguiente aceleración del retroceso de sus frentes.
La República Bolivariana de Venezuela perdió su último glaciar, el Humboldt, y junto a Eslovenia son los dos primeros países en perder todos sus glaciares en la época moderna. El glaciar Conejeras, en Sierra Nevada (Colombia), y el glaciar Martial Sur, en Ushuaia (Argentina), fueron declarados extintos en 2024.
Para los pueblos indígenas de Asia, América Latina, el Pacífico y África Oriental, los glaciares tienen un profundo significado cultural y espiritual. Estos a menudo son considerados espacios sagrados y morada de deidades. Por lo tanto, la pérdida de estas formaciones de hielo supondría la desaparición de lugares fundamentales para el patrimonio cultural y las prácticas espirituales que han sido reconocidos por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Cronología de cómo se consiguió la Ley de Glaciares y los intereses en disputa
En este contexto actual y futuro de extrema fragilidad de los glaciares, el gobierno de Javier Milei pretende modificar por decreto la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar para habilitar la explotación de minerales e hidrocarburos en las zonas designadas como periglaciares. Pero quizás lo más significativo de esta arremetida, además de la mercantilización de los bienes comunes a manos de capitales trasnacionales, sea el intento de atacar una norma conseguida a partir de la articulación y la organización social, que transformó esta ley en emblemática para el ambientalismo.
Como lo expresara oportunamente Marta Maffei, autora del proyecto original que sufrió el veto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2008 y fue sancionada, finalmente, en 2010. “Esta Ley es un ejemplo paradigmático del protagonismo y compromiso social en la defensa del bien común más preciado: el agua”. Para comprender los intereses económicos, políticos, socioambientales y culturales en disputa que subyacen en este ataque “avivado” por décadas contra la ley, se propone un breve resumen cronológico de las contingencias y conflictos sufridos:
- 2008. Se sanciona el proyecto de Ley 26.418 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial, presentado por la diputada Marta Maffei con respaldo del diputado Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales. La iniciativa había sido construida con la participación de universidades, institutos científicos —como el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia/Conicet)— e investigadores reconocidos, entre otros.
- 2008. Veto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a través del decreto 1837/2008. Este hecho fue conocido popularmente como “veto Barrick”, por la presión ejercida por la corporación minera Barrick Gold, que explotaba el yacimientos de oro Veladero y proyectaba avanzar con Pascua Lama, ambos en San Juan.
- 2010. Finalmente se sancionó y promulgó la Ley de Glaciares (26.639) como resultado de la organización social de las comunidades, asambleas populares y colectivos diversos, incluyendo el pronunciamiento de la Audiencia Pública convocada por el Defensor del Pueblo de la Nación.
- 2012. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una serie de medidas precautorias, solicitadas por las empresas mineras Barrick Gold, Exploraciones Mineras Argentinas y la Asociación Obrera Minera, que frenaban la aplicación de la Ley de Glaciares. Las cautelares habían sido dispuestas por la Justicia Federal de San Juan a requerimiento de dichas entidades.
- 2017. El Gobierno de Mauricio Macri busca modificar la Ley de Glaciares para favorecer la minería luego de una reunión sectorial gestada por Eduardo Elsztain (Austral Gold y Grupo Irsa), Carlos Miguens (Patagonia Gold), Fernando Giannoni (Barrick Gold) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM). También participaron los gremios mineros, representantes de las provincias de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan, funcionarios de los Ministerios de Ambiente, Energía y Minería, y de Trabajo.
- 2018. Procesamiento dictado por la Cámara Criminal y Correccional Federal contra Omar Vicente Judis, Sergio Gustavo Lorusso y Juan José Mussi (los tres ex Secretarios de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación), y Ricardo Villalba (ex director del Ianiglia) cuyo accionar habría contribuido a generar un ámbito de desprotección de los cuerpos de hielo del ambiente glaciar y periglacial ubicados en los proyectos mineros Pascua Lama y Veladero, departamento de Iglesia (San Juan).
- 2019. La Corte Suprema convalidó la constitucionalidad de la Ley de Glaciares rechazando el pedido de Barrick Gold, Minera Argentina Gold y el gobierno de San Juan. Concluyeron que la norma se inscribe en el consenso internacional que aprobó el Acuerdo de París, en 2015, ratificado por la República Argentina en 2016. La resolución agregó que cuando existen derechos de incidencia colectiva atinentes a la protección del ambiente —que involucran, en el caso de los glaciares, la posibilidad de estar afectando el acceso de grandes grupos de población al recurso estratégico del agua— se debe considerar de manera sistémica la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.
- 2024. La Ley de Bases conocida como “Ley Ómnibus”, presentada por el gobierno de Javier Milei, incluyó originalmente modificaciones a la Ley de Glaciares para avanzar con las inversiones y proyectos mineros. Luego de intensos debates de ambientalistas, científicos y científicas, y el relator de la ONU, se logró quitar estos artículos del proyecto de ley, que fue aprobado en junio del año pasado.
- Como un círculo vicioso, la historia vuelve a repetirse, pero en un contexto mucho más desfavorable como consecuencia de la aceleración de la crisis climática, la reconfiguración de las corporaciones mineras —con grupos financieros y fondos de pensión que poseen la mayoría del paquete accionario potenciado la concentración y voracidad del capital— y con la agudización de la dependencia económica, producto de la deuda externa infinita . Al respecto, en bien sabido que los acreedores imponen las condiciones para el saqueo, la profundización de la desigualdad, la pobreza y la restricción en avance de los derechos a la protesta social.
- Las circunstancias actuales obligan a repensar colectivamente las estrategias de resistencia y defensa de los bienes comunes y ecosistemas que sostienen la vida bajo un nuevo paradigma, el de una prosperidad social descarbonizada, localizada y comunitaria, que supere definitivamente el modelo extractivista dominante.
*Por Silvia Oliviero Ghietto, Magíster en Química y Ambiente. Profesora “Ambiente, Ciencia y Tecnología en Latinoamérica”, CCC- Lic. Historia, Undav y Maestría en Ingeniería Ambiental (UTN). Miembro Grupo Expertos de la Oficina de América Latina y el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).