El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, impulsado por el gobierno de Javier Milei, desató una fuerte preocupación entre la comunidad rusa y rusoparlante en Argentina. La normativa reformula aspectos clave de la Ley de Migraciones, afectando de manera directa a quienes residen en el país con estatus de refugio o residencia precaria.
La comunidad denuncia que la medida no solo vulnera principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, sino que empuja a cientos de personas —muchas de ellas escapadas de la guerra, la persecución política y la discriminación en Rusia— a una situación de extrema vulnerabilidad.
Quienes llegaron al país huyendo de la guerra, la discriminación o la persecución en Rusia hoy ven amenazados sus proyectos de vida, pese a haberse integrado legal y activamente a la sociedad argentina. “Hicimos todo bien, pero hoy nos sentimos sin derechos”, resume una familia que llegó en 2023 y que está integrada por dos hijos pequeños y una hermana con parálisis cerebral, sordera y mudez. “Compramos una casa, los chicos van a la escuela, mi esposo estudia en la nocturna para adultos… pero el DNU nos impide aplicar a la ciudadanía y hasta nos quitó el acceso a la salud pública, fundamental para mi hermana”.
Los principales reclamos de la comunidad rusoparlante
Los puntos principales de preocupación son:
- Suspensión o limitación de derechos adquiridos: el decreto desconoce años de residencia precaria o en trámite de refugio, impidiendo a estas personas avanzar hacia la ciudadanía o la residencia permanente.
- Pérdida de acceso a salud y educación: muchas familias no pueden inscribir a sus hijos en colegios ni acceder al sistema de salud pública, incluso en casos de discapacidad o enfermedades graves.
- Riesgo de informalidad y marginalización: quienes llevan años trabajando legalmente, pagando impuestos y aportando a la sociedad argentina, podrían quedar sin protección legal ni laboral.
Los principales reclamos giran en torno a la suspensión de derechos adquiridos. Personas con años de residencia precaria o en trámite de refugio ya no pueden computar esos años para solicitar la ciudadanía o la residencia permanente. Esto no es un detalle menor: sin documento nacional de identidad (DNI), pierden acceso al sistema educativo, a servicios de salud y a trabajo formal.
El caso de Yana es paradigmático. Vive en Argentina hace dos años con su hija de 24 años, quien padece autismo, hiperamonemia y un tumor en el fémur. “Nos rechazaron dos veces la residencia por tratamiento médico. Sin DNI no puede atenderse en el sistema de salud público ni recibir contención psiquiátrica. Pagamos todo de nuestro bolsillo, pero es insostenible. Estoy en blanco, trabajo y aporto, pero nuestra ciudadanía quedó truncada por este decreto”, denuncia.
Otra madre también explicó el drama que atraviesa: su hijo con TDAH tiene certificado de discapacidad emitido en Argentina, pero sin DNI no puede acceder a acompañantes escolares ni a centros especializados. “En Rusia no podría medicarse, por eso estamos acá. Pero el sistema nos traba en cada paso. Solo quiero criar a mi hijo en paz”, lamenta.
Una contradicción con la historia migratoria argentina
La comunidad recuerda que Argentina se forjó como país de inmigrantes y que la Constitución Nacional promueve la llegada de extranjeros que aporten al desarrollo económico, cultural y social. El DNU 366/2025, aseguran, contradice esta tradición al desconocer derechos de quienes eligieron este país escapando de la violencia estatal en sus lugares de origen.
Un llamado urgente a la sociedad y al Congreso
La comunidad rusa apela a la solidaridad argentina y solicita:
- Revisión legislativa del DNU 366/2025.
- Respeto al derecho al refugio y al asilo humanitario.
- Garantías para el acceso a salud, educación y trabajo.
- Transparencia y acceso a la información sobre los procesos migratorios en curso.
«Argentina es también nuestra patria elegida. Queremos contribuir, no ser marginados», expresaron.
El conflicto en torno al DNU 366/2025 no solo es técnico o legal: es un drama humano que involucra familias, niños con discapacidades, víctimas de violencia política y de género. Las organizaciones de derechos humanos, legisladores y sectores sociales ya comienzan a pronunciarse. El Congreso tendrá la palabra final para decidir si respalda este decreto o garantiza el acceso a derechos básicos para quienes buscan paz y un futuro digno en suelo argentino.