El ajuste del Gobierno nacional sobre el sistema científico argentino no es solo un recorte presupuestario: es un golpe directo al entramado productivo que el país venía construyendo en sectores estratégicos como el agro, la biotecnología y los desarrollos con cannabis. Uno de los organismos más afectados por esta política es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que hoy atraviesa una crisis sin precedentes.
Durante una reunión informativa de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, trabajadores y autoridades del INTA expusieron la dramática situación que incluye parálisis presupuestaria, congelamiento de vacantes, precarización laboral y suspensión de proyectos de investigación en todo el país. En ese contexto advirtieron con preocupación que, además de peligrar la continuidad del organismo, los efectos del desfinanciamiento ya se sienten en los territorios.
Una de las áreas más golpeadas por este freno es el desarrollo de la industria del cáñamo y el cannabis medicinal, un sector que en los últimos años comenzó a crear una base sólida de conocimiento, articulación interinstitucional y exploración de mercados productivos sostenibles. ¿Qué ocurre con estos avances si el INTA deja de funcionar?
Ciencia paralizada, industrias en pausa
Entre los testimonios presentados en Diputados, integrantes de distintos centros regionales del INTA explicaron que los proyectos vinculados al cáñamo quedaron completamente paralizados. Se trata de investigaciones iniciadas en sedes como Castelar, Barrow, Hilario Ascasubi y Pergamino, orientadas al estudio del cultivo, la adaptación de semillas al clima local, y la asistencia técnica a cooperativas, productores agroecológicos y universidades públicas.
Estos avances se enmarcan en la Ley 27.669 de cannabis medicinal y cáñamo industrial, sancionada en 2022, que establece un marco regulatorio para impulsar la investigación, producción y desarrollo de estas plantas con fines médicos e industriales. La articulación entre ciencia pública y pequeños productores fue clave para garantizar una implementación con enfoque soberano.
Pero hoy, todo eso está en pausa. El INTA, organismo rector en la investigación agropecuaria, se encuentra sin fondos operativos suficientes, con contratos congelados y más de 400 vacantes sin cubrir, según denunció el personal técnico. En esa línea, advierten que de no revertirse el ajuste, hay riesgo de cierre de estaciones experimentales completas.
El potencial del cáñamo, una oportunidad en peligro
El cáñamo industrial es una variedad de la planta de cannabis que no posee componentes psicoactivos. Su fibra es altamente resistente y tiene múltiples usos en la industria textil, papelera, bioplástica, cosmética y hasta en materiales de construcción. Según estimaciones de proyectos previos del INTA, su desarrollo nacional podría generar más de 10 mil empleos directos, además de ingresos por exportación y sustitución de importaciones.
En ese sentido, la parálisis del organismo representa también un obstáculo para construir una economía verde con valor agregado. En la comisión parlamentaria, varios expositores afirmaron que el país pierde la oportunidad de liderar un sector emergente con demanda global creciente por falta de decisión política.
“Se está desmantelando un modelo de producción sustentado en el conocimiento científico. El INTA garantizaba trazabilidad, estándares técnicos y formación para que el cáñamo fuera una realidad productiva. Hoy, sin presupuesto ni personal, todo eso está en riesgo”, señalaron técnicos del organismo durante la audiencia legislativa.
De la investigación a la industria: un camino truncado
Hasta diciembre de 2023, el INTA trabajaba activamente con otros actores del sistema científico y productivo en la validación de material genético, la selección de cultivares y la asesoría técnica a nuevos emprendimientos. Además, articulaba con el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para el registro de variedades y garantizaba buenas prácticas agronómicas.
El ajuste actual no sólo frenó estos procesos, sino que dejó en incertidumbre a las organizaciones sociales, cooperativas y pymes que apostaban a esta nueva cadena de valor. Sin el respaldo técnico del INTA, muchas de ellas quedan expuestas a la informalidad, la inseguridad jurídica y la imposibilidad de competir en el mercado formal.
En palabras de quienes participaron de la comisión legislativa: “No se puede construir industria nacional sin ciencia. Si se paraliza el INTA, se paraliza también la posibilidad de avanzar hacia un modelo productivo soberano, con empleo verde y tecnología aplicada”.
¿Quién pierde si se retrocede la ciencia?
Mientras desde el oficialismo se sostiene un discurso de achicamiento del Estado, las consecuencias concretas de esta política se hacen visibles: el conocimiento se estanca, los investigadores migran, las cadenas productivas se cortan y el país vuelve a ser exportador de materia prima sin valor agregado.
En el caso del cáñamo y el cannabis medicinal, esto es aún más grave: se trata de sectores que venían construyendo consensos amplios, con participación estatal, comunitaria y empresarial. Argentina tenía la posibilidad de posicionarse como referente regional. Hoy, esa oportunidad se diluye.
El futuro del cannabis y el cáñamo no depende solo del mercado, sino también de políticas públicas que prioricen la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Y mientras el INTA agoniza, esa posibilidad se vuelve cada vez más lejana.