La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El máximo tribunal consideró que el recurso presentado por la defensa carecía de una “fundamentación autónoma”, es decir, no refutaba de manera específica los argumentos de las sentencias anteriores y se limitaba, según la Corte, a repetir objeciones ya rechazadas. Así, se cerró de forma definitiva tanto la vía ordinaria como la extraordinaria para apelar el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 2, ratificado previamente por la Cámara de Casación.
La resolución judicial se conoció a días de un momento de definiciones ya que la exmandataria ya había anunciado su candidatura a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral. Con esta decisión, queda legalmente impedida de competir en los comicios de este año.
El fallo contra Cristina
Además de reafirmar la pena, la Corte desestimó todos los cuestionamientos presentados por la defensa de Fernández de Kirchner, que incluían desde objeciones sobre la imparcialidad de jueces y fiscales hasta la admisión de pruebas controvertidas. El fallo también descartó la existencia de “gravedad institucional”, al sostener que no se afectaron las garantías constitucionales «ni se alteró el equilibrio democrático».
Hay una lectura totalmente contrapuesta al respecto, según se lo mire desde el oficialismo o desde el peronismo y otras fuerzas. La denuncia de una maniobra de proscripción judicial, como parte de un proceso sistemático de lawfare que busca excluir de la vida política, en este caso a Cristina, atraviesa a gran parte del arco político.
El fallo completo está disponible en el sitio web del Poder Judicial desde las 17:18 de este martes, al margen del show que durante horas entretuvo a las audiencias con comunicadores que ya lo anticipaban. Con esa publicación, se cierra formalmente una de las causas más emblemáticas del entramado judicial contra la expresidenta, pero se abre, una nueva etapa en una democracia que tiene en esta causa un ejemplo de sus límites difusos.