Este miércoles, el Congreso de la Nación es el escenario de múltiples reclamos que se unifican en una sola marcha. Bajo el lema “la marcha más grande”, jubilados, trabajadores del CONICET y del Hospital Garrahan, sectores feministas y transfeministas, organizaciones de personas con discapacidad, de prensa, universitarios y la CGT, se unen contra el ajuste despiadado del Gobierno.
Mientras tanto, en el interior del recinto se desarrolla una sesión en la que se debatirá, entre otras iniciativas, una suba en las jubilaciones y el proyecto que busca declarar la emergencia en las prestaciones para personas con discapacidades.
En ese sentido, en el marco de un almuerzo organizado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el jefe de Gabinete Guillermo Francos reiteró que Javier Milei vetará cualquier norma que afecte el equilibrio fiscal.
Bloqueo de accesos por parte de Gendarmería
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó al mediodía que se aplicará el protocolo antipiquetes. “Si van a pegar y romper escudos, las fuerzas van a actuar”, expresó la funcionaria.
En ese contexto, desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) compartieron videos en donde se ve a miembros de la Gendarmería impidiendo el acceso a la Ciudad de Buenos Aires a transportes de pacientes con discapacidad.
Desde la asamblea Discas en Lucha expresaron: “¡Denunciamos! Hay controles vehiculares que impiden llegar a los manifestantes al Congreso”. Además, sostuvieron que los gendarmes “escoltaron devuelta” a las comitivas. “Querían multarnos y dejar retenido el vehículo. Era todo un sin sentido”, comentó una terapeuta que se trasladaba hacia el Congreso.
#Ahora
— CORREPI (@CORREPI) June 4, 2025
Compartimos denuncia de que están impidiendo el acceso a CABA de transportes de pacientes con discapacidad.
El gobierno quiere impedir que la concentración de hoy sea masiva y se visibilice. pic.twitter.com/UI94HZEAvy
Los reclamos
Jubilados
Como cada miércoles, los jubilados y jubiladas se reúnen ante el Congreso para reclamar aumentos en las jubilaciones y que cesen los recortes. De acuerdo a un estudio del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA), durante 2024 casi el 20% del ajuste del Estado estuvo explicado por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones. El superávit celebrado por el Gobierno se sostiene con el ajuste a los salarios, las jubilaciones, la obra pública y las universidades.
Cabe mencionar que la jubilación mínima de junio de 2025, con el aumento del 2,8% (IPC de abril) quedará en $304.726, sin el bono.
Trabajadores del Garrahan y la ciencia
Desde la Residencia de Pediatría del Hospital Garrahan explicaron la situación salarial que los lleva a tomar medidas de fuerza. “Cumplimos jornadas extenuantes de hasta 70 horas semanales, percibiendo un salario para residente de primer año de $739.060 mensuales, el cual está por debajo de la línea de pobreza”, señalaron. Además, afirmaron que continúan sin respuestas reales. “Nuestro salario no cambia y el bono no remunerativo es solo un parche temporal”, enfatizaron.
También serán parte de la manifestación las y los científicos que la semana pasada hicieron una gran movilización contra la motosierra en el sector, que ya está generando servicios deficientes y “fuga de cerebros”.
Feminismos y transfeminismos
Este martes 3 de junio se cumplieron diez años del primer “Ni Una Menos”, y el movimiento de mujeres y disidencias decidió unir la movilización con la de los jubilados “contra el ajuste y la crueldad” del gobierno de La Libertad Avanza. La convocatoria es a partir de las 16 horas en Plaza Congreso y el lema es “Unir las luchas es la tarea”.
Desde que asumió la presidencia, Javier Milei desmanteló todas las políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y acompañar a las víctimas. En 2024 se registraron 247 víctimas de violencia de género, 228 femicidios directos, 19 vinculados. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, de la Corte Suprema, se cometió 1 femicidio cada 39 horas. Sin embargo, desde LLA continúan negando esta problemática.
Emergencia en Discapacidad
Hace meses que las organizaciones de personas con discapacidad vienen denunciado la dramática situación que atraviesa el sector. Previo a una de las movilizaciones que se realizaron en mayo para reclamar la aprobación urgente de la Emergencia en Discapacidad, Jony de la Silla, referente de Argentina Humana Inclusiva, expresó: “Este proyecto garantiza derechos como una pensión específica que hoy no existe. Actualmente, lo que hay es una pensión por ‘invalidez’ laboral, que ya solo el nombre lo dice todo. La propuesta actual la hace compatible con el trabajo y basada en criterios inclusivos”.
En aquel entonces, Laura Vega, integrante de la Red de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Buenos Aires, advirtió que el sistema de atención “está colapsado” y que el proyecto plantea “el reconocimiento y fortalecimiento del Sistema de Prestaciones Básicas, que hoy presenta un retraso prestacional del 64%”.
En ese sentido, la iniciativa contempla el fortalecimiento del Sistema de Prestaciones Básicas, que atraviesa una situación crítica con un retraso prestacional superior al 60%, y propone su actualización mensual. Asimismo, promueve un financiamiento adecuado y sostenido para la Agencia Nacional de Discapacidad y los programas de salud, accesibilidad, empleo y protección social, los cuales fueron afectados por recortes presupuestarios.
Respecto a la manifestación de este miércoles, desde el FORO Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad informaron que más de 15.000 personas se movilizaron al Congreso. Además, destacaron que la iniciativa se replicó en Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Rosario, Tucumán y muchas otras ciudades del país.
El Foro emitió un comunicado en el que expresan “las organizaciones de y para personas con discapacidad están enfrentando el discurso que el gobierno despliega y que dirigentes de obras sociales hace tiempo vienen planteando: ‘¿Cuánto le cuesta a la gente, que no es familiar, la atención de un discapacitado?’, ‘¿Por qué yo tengo que pagar la atención de tu hijo discapacitado?’”.
También manifestaron su malestar ante la designación del Dr. Diego Spagnulo como máximo responsable del área: “Alguien sin absolutamente ningún conocimiento ni formación sobre el tema”.
La ley de emergencia que se debate representa apenas un 0,03 % del PBI, pero puede garantizar la continuidad de un sistema que atiende a unas 250.000 personas que no encuentran respuestas en el sistema público, afirman desde el espacio.
“La crisis no es sólo ideológica. No se trata de recortes por una supuesta eficiencia estatal. Todo indica que hay intereses económicos concretos detrás de la desfinanciación del sistema, favoreciendo a obras sociales y empresas de medicina privada que buscan flexibilizar aranceles y reducir sus compromisos”, concluyen.