El domingo, en una nota del diario La Nación, difundieron que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que permitiría el espionaje interno a quienes busquen “erosionar” la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios o actores que puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno.
El Gobierno admitió la existencia del Plan en un comunicado donde, a su vez, desmintió “las versiones periodísticas publicadas en medios sobre los supuestos objetivos del Plan de Inteligencia Nacional”. Además, señaló que “es el primer gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”.
La SIDE y el Plan de Inteligencia Nacional
Hace poco menos de un año, el Gobierno decidió cambiar el nombre de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que vuelva a llamarse como durante el menemismo (SIDE). Organismo que no sólo estuvo en conversación durante el año pasado por el cambio de nombre, sino también por el presupuesto que le otorgaron en medio del desguace del Estado.
El presupuesto de la SIDE, en ese momento, fue de 100 mil millones de pesos que luego fueron rechazados por el Congreso de la Nación. Actualmente, tras la reactualización presupuestaria de comienzos de mayo, recibió 25.250 millones de pesos adicionales para un total, en el presupuesto 2025 de 80.872 millones de pesos. De ese total, 13.436 millones de pesos son para “gastos reservados”.
Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación, accedió al Plan de Inteligencia Nacional, un documento secreto desarrollado por la cúpula de la SIDE que lidera Sergio Neiffert. Según el periodista, son “170 páginas llenas de generalidades, zonas grises y ambigüedades” donde se discuten las acciones necesarias para lograr los objetivos generales de inteligencia.
Dentro de esas páginas se encontrarían, por ejemplo, quienes son los sujetos de interes para la SIDE. La Secretaría tendría la facultad de recopilar información sobre quienes busquen “erosionar” la confianza del público con los funcionarios, aunque no especifican de quién están hablando. Tampoco precisa quienes serían los sujetos a investigar cuando ponen énfasis en “actores” que generan o puedan generar una “pérdida de confianza” en las “políticas económicas” del Gobierno.
Otras de las personas que este documento define como de interés son quienes puedan “manipular” a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la “desinformación”. Y a quienes promuevan la “distorsión” de la “percepción” y afecten los procesos cognitivos de la opinión pública.
Aunque no sabe a quién se refiere, podrían ser gente de sus propias filas como el funcionario Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe. Este fue uno de los tantos que viralizó el video realizado con inteligencia artificial en el que Mauricio Macri anunciaba la baja de Silvia Lospennato de la candidatura y el apoyo a Manuel Adorni, en el marco de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo a Alconada Mon, el PIN “fija como prioridad velar por los recursos naturales estratégicos de la Argentina, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (incluido el de “raigambre anarquista”), el escenario antártico, las Malvinas y otras islas del Atlántico Sur y las tecnologías de frontera como 5G y 6G”. Pero, a su vez, en el documento le dan prioridad absoluta al alineamiento con Israel y Estados Unidos, que marcan como norte.
Respuesta oficial
En un comunicado publicado en la cuenta de la Oficina del Presidente en X, el Gobierno admitió la existencia de un Plan de Inteligencia, pero desmintió “las versiones periodísticas publicadas en medios sobre los supuestos objetivos”. “Es el primer Gobierno en décadas que ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”, destacó la publicación.
También afirmaron que “el Presidente Javier Milei ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones en su afán de saldar internas políticas abusando de sus recursos”. El comunicado finaliza con una oración que podría sonar como una amenaza hacia quienes podrían haber filtrado el documento, al señalar que el Plan es un documento secreto “al que sólo tienen acceso el Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación”.
Hugo Alconada Mon reafirmó lo dicho con un posteo en X: “Reafirmo y ratifico lo publicado hoy: La SIDE pone la mira en quienes “manipulen la opinión pública” o erosionen la confianza en los funcionarios”. Además, en una entrevista con María O’Donell, invitó al Gobierno a que, si es inocuo el documento, que lo publique.
En esa misma entrevista, el periodista de La Nación denunció intentos de hackeo para amedrentarlo: “Ayer a la noche, horas después del comunicado de la Presidencia, y que a su vez yo emito un mensaje ratificando lo publicado, hubo 10 intentos de hackear mi whatsapp y un intento de hackear mi cuenta de X”. Además, contó que tras hacer la denuncia ante la Unidad Fiscal especializada en Ciberdelincuencia recibió “mensajes y amenazas desde cuatro números distintos a mi WhatsApp”, y que lo inscribieron o registraron con su nombre en una página porno.