Un contundente fallo judicial ordenó suspender el recorte salarial promovido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La resolución, dictada el 28 de abril por el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hizo lugar a la medida cautelar impulsada por trabajadores del organismo y avalada por ATE Capital.
El magistrado ordenó la suspensión inmediata de la Resolución 376/24, que eliminaba el pago del “Incentivo Ente Cooperador ACARA” a partir del 31 de diciembre de 2024, y garantizó la continuidad de su percepción mientras se resuelve el proceso de fondo.
El incentivo, clave para más del 50% del salario
El suplemento salarial en cuestión representa más de la mitad del salario total de las trabajadoras y trabajadores del área, lo que hace que su eliminación sea considerada un perjuicio económico y moral gravísimo.
El juez Cormick fundamentó su fallo en los precedentes “Cello” y “Ferrara Muñiz” de la Corte Suprema, que reconocen el carácter remunerativo y alimentario de este tipo de beneficios.
El fallo: intangibilidad, razonabilidad y derechos humanos
En su resolución, el juez sostuvo que la decisión administrativa del Ministerio de Justicia violaba principios constitucionales, como la intangibilidad del salario, la progresividad de los derechos laborales y la razonabilidad de las medidas estatales.
Además, remarcó que el daño causado a los trabajadores es “mucho mayor que cualquier eventual afectación del interés público”, y que la eliminación del incentivo carece de sustento jurídico, dado que se trata de un pago que se realiza desde hace décadas.
ATE Capital: «Seguiremos luchando por su incorporación al salario»
Desde ATE Capital, se celebró el fallo como un triunfo en la defensa de los derechos laborales y se reafirmó el compromiso para lograr la incorporación definitiva del incentivo al salario.
“El fallo representa un avance fundamental para proteger los ingresos de quienes cumplen funciones esenciales en la administración pública”, señalaron desde el gremio.
También advirtieron que continuarán exigiendo la reparación de los daños causados por lo que consideran “un intento de ajuste sin justificación”.
Un mensaje claro contra el ajuste
La resolución judicial marca un freno contundente a las políticas de recorte impulsadas desde el Ministerio de Justicia, y refuerza la vigencia de los derechos laborales y salariales adquiridos.
Desde los sectores sindicales se espera que este precedente tenga impacto en otros organismos donde también se proyectan recortes y modificaciones unilaterales de condiciones laborales.