La Encuesta Nacional Inquilina de marzo de 2025, realizada por Inquilinos Agrupados, evidencia el impacto de la desregulación del mercado inmobiliario tras el DNU 70/2023. Con un 30% de inquilinos que debieron abandonar sus viviendas por aumentos impagables, el informe alerta sobre una crisis habitacional en ascenso.
Desalojo económico en aumento
Uno de los datos más alarmantes del informe es el incremento del desalojo económico. Mientras que en diciembre de 2024 el 25% de los inquilinos tuvo que mudarse por no poder afrontar los aumentos, en marzo de 2025 la cifra ascendió al 30%. La falta de estabilidad en los contratos y la actualización frecuente de los precios agudizan la crisis.
Precarización laboral y endeudamiento
El panorama laboral de los inquilinos también se deteriora. El 9,2% de los encuestados está desempleado, mientras que un 35,3% busca más trabajo para afrontar los costos de vida. Además, el 27,7% tiene un familiar que perdió el empleo y el 67% se encuentra preocupado por la cantidad de horas trabajadas. En diciembre de 2024, el nivel de desempleo entre inquilinos era del 5%, lo que demuestra un aumento significativo en pocos meses.
El endeudamiento es otro factor que golpea con fuerza a los inquilinos. Un 65% de los encuestados afirmó tener deudas, mientras que el 48% está atrasado en sus pagos. Las principales fuentes de deuda incluyen tarjetas de crédito (51%), compra de alimentos (38%) y el propio alquiler (30%).
Contratos inestables y aumentos acelerados
El informe también revela que el 94% de los inquilinos tiene contratos de dos años o menos, lo que dificulta la previsibilidad y estabilidad económica. Además, el 82% enfrenta actualizaciones de precios cada menos de cuatro meses, lo que hace que el costo del alquiler suba a un ritmo difícil de afrontar.
El rol del Estado y la percepción de los inquilinos
Frente a esta realidad, la mayoría de los inquilinos sostiene que el mercado no puede autorregularse. Un 87,4% de los encuestados expresó su desacuerdo con la idea de que el mercado inmobiliario funcione sin intervención estatal. Además, un 77% considera que el Estado debe regular el precio del alquiler y un 83,4% apoya la prohibición de viviendas vacías por más de tres meses.
En cuanto a la duración ideal de los contratos, el 53% de los inquilinos considera que deberían durar tres años, mientras que un 30% prefiere cinco años y solo un 6,4% plantea contratos de siete años.
Los resultados de la encuesta reflejan un panorama alarmante para los inquilinos en Argentina. El aumento del desalojo económico, la precarización laboral y el endeudamiento creciente generan una crisis habitacional de difícil resolución sin medidas regulatorias efectivas. La demanda de mayor intervención estatal en el mercado del alquiler es una tendencia clara, respaldada por la mayoría de los encuestados.