El jueves 6 de junio, se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el cual el Poder Ejecutivo podrá incluir en el RePET (Registro Público de Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento) a quienes decida que son una amenaza actual o potencial a la seguridad de la Nación.
Antes de la firma de este decreto solamente podían ser parte del RePET las personas o entidades incluidas en las listas consolidadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno de Javier Milei considera que esto es “insuficiente” y va por más.
El Decreto –que lleva el número 496/2024 y las firmas del presidente; el flamante Jefe de Gabinete Guillermo Francos; y del Ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona– modifica por segunda vez en este año, la normativa sobre Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
Para Gerardo Etcheverry, integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, “es evidente que no les interesa realmente el tema de que haya financiamientos extraños, porque con el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) todas esas cuestiones no se van a poder controlar. O sea, que lo único que les importa en realidad no es el tema de los financiamientos de actividades peligrosas, sino buscar herramientas para controlar a enemigos reales o potenciales”.
En los Considerandos del Decreto 496/2024 se describe como uno de los fundamentos el hecho que Argentina haya sido víctima de los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994) “por lo cual mantiene una constante preocupación frente a las amenazas de las redes de terrorismo internacional, circunstancia que obliga a no permanecer ajenos y pasivos ante tales antecedentes y a tomar una actitud proactiva para trabajar en pos de la seguridad de todos aquellos que se encuentren en suelo argentino”.
Pero, además, se menciona: “Los sucesos ocurridos recientemente en el ESTADO DE ISRAEL obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y a la estabilidad internacional”, obviando la posición tomada por Milei respecto al traslado de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, rompiendo la tradición de neutralidad en el conflicto israelí-palestino.
Siguiendo esa línea, en los Considerandos “se advierte que limitar la incorporación en el RePET solamente a las personas o entidades incluidas en las listas consolidadas por el CONSEJO DE SEGURIDAD de las NACIONES UNIDAS -tal como surge del Decreto N° 918/12 y sus modificatorios-, resulta insuficiente para la trascendental finalidad que se requiere atender”.
Sobre el contenido del decreto, María del Carmen Verdú, integrante de Correpi, afirma: “La expresa referencia que se hace en la exposición de motivos al genocidio en curso en Gaza, referido como ‘sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel’ deja en evidencia la intencionalidad de criminalizar personas y organizaciones que lo denunciamos”.
Desde la creación del RePET (2019), Correpi viene reclamando “que no son claros los criterios con los que se incluyen personas o entidades, lo que deriva en la criminalización y estigmatización internacional de organizaciones y organismos de DDHH”.
Para Etcheverry, la incorporación de personas o entidades al RePET “se va a hacer en base a la información recibida mediante los mecanismos de cooperación interestatal establecidos e instrumentos internacionales entre otras fuentes. Lo cual quiere decir que van a obedecer lo que digan los servicios secretos, yanquis e israelíes. Y lo otro que también van a tener seguramente es la opinión del Departamento de Estado norteamericano: “Así que, si consideramos que, por ejemplo, para el Departamento de Estado, Cuba sería uno de los cuatro países que fomentan el terrorismo, podrían poner a Cuba en la lista en base justamente a la información recibida de fuentes de ese tipo. Es un absoluto desvarío. Esto lo único que hace es avanzar en la posibilidad de que arbitrariamente pongan a cualquiera como enemigo del Estado argentino por ser enemigo de los enemigos de este gobierno”, reflexiona.
“En el marco de la política represiva llevada adelante por la actual gestión de gobierno, bajo el mandato de Javier Milei y Victoria Villarruel, acompañados en el gabinete por sus ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, este decreto va en el mismo sentido que los proyectos de reforma del Código Penal que buscan legitimar el gatillo fácil, eliminar el derecho a querellar de las víctimas y endurecer aún más el sistema penal en una espiral de hiperpunitivismo y manodurismo extremo”, asegura Verdú.
Argentina, como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000, ha suscripto los denominados “Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, conocidos como sus “40 Recomendaciones”. Estos decretos apuntan a la Recomendación número 6 sobre “Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo”.
Tanto su antecesor (el Decreto 278 firmado el pasado 24 de marzo) como el reciente, modifican al 918/2012 que reglamenta medidas y procedimientos de inclusión y exclusión de personas en las listas elaboradas por las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como sospechados de financiamiento al terrorismo.
Ambos pasaron desapercibidos dentro del ámbito noticioso a pesar de la gravedad que significa que este gobierno que tilda de “enemigos” a todos aquellos que se le opongan o piensen diferente, se auto atribuya la potestad de señalar a quienes considera “enemigos”.
*Artículo publicado por Red Eco Alternativo.