El 5 de junio se cumplirán dos años desde que Daiana Abregú ya no está junto a los suyos, ya no lleva a su hijo Tobías a la escuela, ni toma mates con su madre. La joven había sido detenida en la Laprida, provincia de Buenos Aires, y por la tarde su familia fue notificada de que Daiana había sido encontrada muerta en su celda, con signos de suicidio.
Su familia desconfió enseguida de los agentes que habían ido con la noticia, todo apuntaba hacia ellos. “Nadie se suicida en una comisaría”, aseguraron. Tres autopsias, múltiples pericias y una segunda conclusión fueron las pruebas necesarias para descartar la hipótesis del suicidio, pero no fue suficiente.
Los oficiales sobreseídos son Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Juliana Zelaya, Vanesa Núñez y Leandro Fuhr, sobre ellos recaía la acusación del delito de “homicidio triplemente calificado”.
Hace pocos días, la jueza de Garantías de Olavarría, Fabiana San Román, decidió sobreseer a los cinco policías de la Bonaerense imputados por el caso. “¿Qué más tenemos que hacer para saber la verdad? Es muy difícil pelear contra todo esto”, dijo Antonella Abregú, la hermana de la víctima, en diálogo con la prensa.
La última medida tomada por San Román no cayó bien en la familia, quien además fue abandonada por el abogado que llevaba la causa. En este momento solo cuentan con el apoyo de organizaciones y organismos civiles, como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El rol de la CPM y las idas y vueltas de la Justicia
Según fuentes oficiales, Daiana es la cuarta persona que muere por causas, en principio, desconocidas, en la seccional de Laprida. El ex abogado de la familia representaba a su vez a un hombre que había sido atormentado por la policía en reiteradas ocasiones, hasta precisó ser reanimado en el hospital luego de una brutal golpiza.
Las muertes en contexto de encierro son moneda corriente en toda la provincia y se repiten de forma sistemática. Las investigaciones suelen ser irregulares: los primeros en llegar a la escena, médicos y peritos, son miembros de las fuerzas de seguridad.
Los policías acusados del crimen de Daiana fueron defendidos por abogados pertenecientes al Ministerio de Seguridad de la Nación, ahora convertido en Secretaría. Sin embargo, a la familia Abregú no los defiende nadie. Por lo cual, la CPM se presentó como querellante en la causa. El organismo había llegado a la ciudad de Laprida como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y fueron los primeros que, junto a los padres, ingresaron a inspeccionar la comisaría donde fue llevada Daiana.
En ese contexto, aseguraron que la dependencia no contaba con capacidad para alojar personas y también supieron que contaba con una clausura administrativa y judicial. Durante el proceso, la intervención de la CPM consiguió que le realizaran una reautopsia al cuerpo de Daiana, descartando la hipótesis de suicidio y confirmando que murió por “asfixia mecánica de sofocación”.
Pero la burocracia y las interminables instancias judiciales dieron lugar a que los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación creen un informe donde reestablecieron que la causa de la muerte de Daiana fue el suicidio, presentado a fines del año 2023. A raíz de este hecho, la jueza Fabiana San Román dictaminó el sobreseimiento.
Margarita Jarque, abogada perteneciente a la CPM, en constante vínculo con la familia Abregú, afirma que se opusieron a la resolución y que al haber “tantos incumplimientos en la instrucción” es preciso seguir investigando.
Nadie se suicida en una comisaría
La frase se convirtió en la bandera de les familiares y amigues de Daiana, quienes aseguraron que era una chica alegre y con planes para un futuro cercano: pensaba mudarse a La Plata con su hijo y ya tenía todo preparado. ¿Cuántas posibilidades hay de que alguien compre sus pasajes para luego suicidarse?
Daiana, al igual que todes les detenides, debió haber estado bajo vigilancia permanente desde el momento mismo en que entró a su celda. Núñez, la encargada de vigilar las celdas, no la veía desde su puesto, pero acusó que “podía escucharla”. Hasta que no la escuchó más, y cuando “fue a ver qué pasaba” Daiana ya estaba muerta.
Las incontables irregularidades de la causa, sumado a la responsabilidad de la Policía con respecto a todo lo que suceda dentro de una comisaría, y sobre todo con les detenides, despertaron los primeros indicios de que todo se trataba de una maniobra de encubrimiento.
En abril del 2023, Amnistía Internacional presentó su informe donde aseguran que hasta agosto del año pasado se produjeron 147 muertes bajo custodia policial en la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, aseguraron que “la confianza de la sociedad en la justicia y fuerzas de seguridad está fracturada”. Este año, la preocupación es mayor, los puntos en materia de seguridad mencionados tanto en el Decreto de Necesidad y Urgencia, como en la caída Ley Ómnibus, sumado al Protocolo de Patricia Bullrich, le dan a las fuerzas de seguridad mayor autoridad para moverse a sus anchas.