Desde el pasado jueves 16, estudiantes universitarios realizaron diversas iniciativas bajo el lema: “No negociamos la Educación Pública. No a la privatización, arancelamiento y voucher a la educación”. Estas actividades forman parte de la defensa a la educación pública que se está llevando a cabo desde distintas universidades, en vísperas del 22 de noviembre, fecha en que se conmemora el día de la gratuidad universitaria. Asimismo, se cumplen 74 años del decreto 29337, el cual suspendió el cobro de aranceles.
La universidad pública, un derecho que no se negocia
“Esta fecha nos debería encontrar pensando en cómo incluir a esos millones de jóvenes que quedan por fuera del sistema educativo y en cómo hacemos para llenar la Universidad Pública de estudiantes”, expresó Tomás Battaglino, responsable nacional del Movimiento Sur y secretario de la Federación Universitaria Argentina.
En esta misma línea, sostuvo: “Hoy por más que la Universidad sea gratuita, los costos para permanecer son altísimos: alquileres fuera de control sumados a elevados gastos en transporte y alimentación en aquellas provincias en donde no existen Boletos Educativos ni Comedores Universitarios”.
Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) también realizó declaraciones al respecto, el día 14 de noviembre.
En este marco, expresaron: “Sin dudas, las universidades públicas argentinas transforman las vidas de las personas, de sus familias y de las comunidades en las que se asientan. En ellas hoy se generan las condiciones para comprender y formar parte de un mundo cada vez más complejo, en el que el conocimiento se ha constituido como el principal vector de cambios y transformaciones, representando un factor de desarrollo en sí mismo”. Además, afirmaron que “es la educación superior de calidad la que producirá más desarrollo en la Argentina”.
“Queremos una Argentina con más educación pública de calidad, sin aranceles que expulsen a estudiantes ni políticas educativas mercantilistas que piensen en la educación como un bien transable, que condene al país a una mayor desigualdad y exclusión de amplios sectores sociales“, agregaron.
A modo de conclusión, Tomas Battaglino manifestó que “la Universidad Pública tiene hoy el desafío de sostener su gratuidad frente a las propuestas de arancelamiento y su autonomía frente a la lógica del mercado que propone carreras para quienes puedan pagarlas. Pero sobre todo, tenemos la tarea de que la juventud argentina que hoy no accede a la educación superior pueda hacerlo”.
Por último, el secretario señaló que como sociedad “nos debemos una profunda discusión sobre la excesiva duración de las carreras, la creación de títulos intermedios, la ampliación del sistema de becas y de políticas de inclusión. Hay que trabajar en ampliar derechos y no recortarlos. Que los jóvenes argentinos tengamos futuro en la Universidad Pública y no en el servicio militar obligatorio ni en trabajos precarizados”.