Familiares y amigues de Joaquín Paredes denuncian, junto a organizaciones de derechos humanos, al juez de la causa y a los abogados defensores de los imputados por hostigar a les testigues del crimen. El adolescente tenía 15 años cuando la policía lo mató de un tiro por la espalda en Paso Viejo, un pequeño pueblo de Córdoba.
A casi tres años de aquel 25 de octubre, los seis agentes imputados enfrentan un juicio en su contra que comenzó hace una semana. Hasta el momento, en los Tribunales de Cruz del Eje declararon familiares y amigues del joven víctima de gatillo fácil.
También lo hicieron algunos de los policías, excepto Mikael López, autor material del asesinato. El proceso judicial está a cargo del juez Ricardo Py y se lleva adelante bajo la modalidad de jurado popular. Las audiencias debían comenzar en mayo, pero se pospusieron hasta finales de este mes. Finalmente, iniciaron el pasado 24 de julio y continuaron con normalidad hasta el viernes 28, mientras que la de este lunes 31 fue suspendida.
La causa está calificada como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego y en abuso de la función pública, abuso de arma, amenaza calificada”. En el banquillo de los acusados, además de López, se encuentran los policías Iván Alexis Luna, Enzo Alvarado, José Luis Gómez, Ronald Fernández Aliendro y Alberto Sosa Gallardo.
Polémica en el juicio contra los policías que mataron a Joaquín
Hace algunos días, en diálogo con Nota al Pie, Ivana Reynoso, madre de uno de los amigos de Joaquín, advirtió del maltrato que sufrieron los chicos mientras prestaban declaraciones. “En estos tres años entendimos que, si sos parte de la fuerza policial, el trato que te da el sistema judicial es distinto”, sostuvo.
En ese sentido, comentó que tanto el Juez Py como los abogados defensores de los policías tenían un comportamiento prepotente respecto a los sobrevivientes. “No tienen paciencia para hablarles a pibes que vienen del campo, que tuvieron que abandonar la escuela para juntar papas y cebollas, como hacía Joaquín”, expresó.
No obstante, tras culminar la quinta audiencia, desde la organización Justicia por Joaquín en conjunto con organizaciones de Derechos Humanos de Córdoba, emitieron un comunicado sobre el trato del tribunal. En este documento, titulado “El acceso a la Justicia es un derecho, no una limosna”, denuncian que existe “una serie de acciones que evidencian que este dispositivo judicial no se encuentra especializado en materia de infancias y adolescencias”.
Y agrega que “por lo tanto, resulta violatorio del derecho de jóvenes y adolescentes a ser oídos y de acceder a la justicia en condiciones de igualdad”.
“El acceso a la Justicia es un derecho, no una limosna”
A través del escrito, los organismos de DD.HH detallan las observaciones que realizaron a lo largo de las cinco audiencias concretadas hasta el momento. En primer lugar, denuncian el “permanente hostigamiento” por parte de los abogados defensores de los policías hacía los jóvenes testigos y sobrevivientes.
A su vez, resaltan que hay “señalamientos directos y despectivos” por parte del Presidente del Tribunal respecto a los modos de expresarse de los adolescentes amigos de Joaquín. En tanto, mencionan la “poca paciencia” del juez para escuchar los testimonios de “pibes traumados por lo sucedido y que tienen que contar cómo la policía mató a su amigo”.
Por otra parte, remarcan que el Tribunal priorizó el derecho de los imputados a permanecer en la sala mientras los testigos brindan testimonio. “A pesar de la solicitud expresa que, por derecho, le corresponde a los jóvenes de hacer su declaración, con aquellos fuera de la sala de audiencia”.
Asimismo, seres querides de Joaquín también denuncian lo intimidante que resulta la presencia de efectivos de la policía, del DUAR, infantería y policías de civil, ubicada en las afueras de la Sala de audiencias. Además, aseguraron que el personal de infantería hostigó a un testigo cuando salía del edificio. Sobre esto último, agregan que es consecuencia de que en ningún momento se dispusieron espacios cuidados para evitar que las víctimas sobrevivientes y sus familiares tuvieran contacto con los acusados.
“Como organismos de DD.HH exigimos un proceso justo que atienda a lo aquí expuesto, garantizando el derecho de jóvenes y adolescentes a ser oídos y a acceder a la justicia en condiciones de igualdad”, concluye el comunicado.