A más de un mes desde el inicio de los conflictos en Jujuy tras la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, el pasado miércoles se llevó adelante una reunión entre funcionaries del gobierno, la Iglesia y la CGT Regional. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Normando Álvarez García, y contó con la participación del obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, y el secretario general de la CGT Regional, Juan Carlos Martínez.
Según informó Álvarez García, la jornada sirvió “para trabajar por la paz y la tranquilidad en Jujuy en base al diálogo”. En este sentido, añadió que “la violencia nunca conduce a nada, sino lleva a generar más violencia”. El funcionario también afirmó que las reuniones tendrán continuidad con la incorporación de otros sectores gremiales.
En simultáneo, centrales sindicales y organizaciones sociales y de derechos humanos convocaron a movilizarse este jueves para continuar con el repudio a la represión del Gobierno provincial. La convocatoria también será en el marco de un nuevo aniversario de La Noche del Apagón, ocurrida en 1976. La fecha recuerda a las víctimas de los secuestros cometidos en localidades jujeñas durante la dictadura militar y en complicidad con la empresa Ledesma.
El apoyo a los pueblos originarios de Jujuy
El lunes pasado, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), un organismo que depende de la Iglesia católica, emitió un comunicado en el que adhiere a la “acción de inconstitucionalidad” por la reforma recientemente aprobada en Jujuy. Presentado ante la Corte Suprema de Justicia provincial y firmado por el coordinador nacional de ENDEPA, Rodolfo P. Fernández, allí expresan su acompañamiento en la lucha de los pueblos originarios.
“La reforma constitucional de la provincia de Jujuy ha vulnerado de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y convencionales referida a los Pueblos Indígenas, afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento, derecho al acceso a la información adecuada, con consecuencias directas sobre su territorio, propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e intereses de los Pueblos Indígenas de Jujuy”, sostiene el escrito.
Además, desde el organismo explicaron que la adhesión al pedido se hace “entendiendo plenamente que la obligación estatal resulta la de garantizar a los Pueblos la entrega de los títulos de la Propiedad Comunitaria Indígena hacia las Comunidades”. “Respetando esta como tal, en sus recursos naturales y espiritualidad”, expresaron.
La lucha continúa
Al cumplirse un mes de las violentas represiones, esta semana, el gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales estuvo en Jujuy junto a su compañero de fórmula, Horacio Rodríguez Larreta. Allí, participaron de actos con escasa recurrencia y una gran cantidad de vallas y seguridad. Mientras tanto, continúan las manifestaciones para exigir mejoras salariales pero también la inconstitucionalidad de la reforma.
Al respecto, la referente de la Asamblea de Autoconvocados de Purmamarca y miembro de la Comunidad Indígena Chalala, Sara Choquevilca, afirmó que “el ánimo de la gente es mantener la lucha y romper el cerco mediático”.
En declaraciones a Télam, Choquevilca sostuvo que las manifestaciones en Purmamarca “se mantienen para visibilizar y para reforzar las decisiones que ya se tomaron en las asambleas de referentes de comunidades indígenas”.
“El interés prioritario que vemos aquí en juego es garantizar que el extractivismo no arrase estos territorios que las comunidades indígenas defienden para poder seguir viviendo en el lugar”, explicó.