Hace más de cinco semanas que la provincia de Salta se encuentra en un estado de alerta y protesta social permanente por los reclamos salariales y laborales que llevan adelante les trabajadores docentes y les profesionales de la salud. A pocos días de haber sancionado la Ley de Convivencia Social -conocida como la Ley Antipiquetes-, que buscaba frenar y acallar las manifestaciones, el gobierno conducido por Gustavo Sáenz le puso un freno y la vetó parcialmente.
A partir de una conferencia de prensa, este viernes el ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Marcelo Domínguez, anunció el veto parcial de la ley sancionada el 1 de junio pasado por la Cámara de Senadores salteña. Domínguez explicó que la decisión se tomó “por observaciones del Poder Ejecutivo sobre algunos artículos”. Además, frente a la alarma que encendió la población salteña reforzando la movilización a las calles, indicó: “Entendemos que debemos restablecer el orden y la paz social”.
Si bien el estado de alerta continúa, la Asamblea Provincial Docente Autoconvocada mantuvo una reunión de delegades de toda la provincia que finalizó con un encuentro junto al vicegobernador Antonio Marocco para definir cómo avanzar en pos de los reclamos de les trabajadores. Según el acta de encuentro compartida por la Asamblea, se entablará una mesa de trabajo a partir del 26 de junio conformada por todes les delegades departamentales.
Cuáles son los reclamos de les trabajadores
Los reclamos salariales que alcanzaron a movilizar a toda la provincia se vienen llevando adelante hace meses, ya que los salarios quedan muy por debajo de la línea de la inflación, tanto para el sector docente como sanitario. Pero la protesta se agudizó luego de que, tras varios encuentros e instancias de negociación y algunos episodios de represión policial por los cortes de ruta el pasado 25 de mayo, la Policía salteña persiguió manifestantes en una histórica movilización.
Mientras les trabajadores autoconvocades realizaban una protesta en el expeaje Aunor, uno de los principales accesos a la Capital, la Policía de la provincia reprimió y detuvo a 19 manifestantes. Además, días más tarde el gobierno cerró las paritarias con la Asociación Docente Provincial y la Intergremial Docente.
La paritaria firmada por los gremios docentes implicó un aumento salarial del 35%, que se suma al 34% pautado en febrero, y un bono de $60.000. Sin embargo, para les trabajadores docentes autoconvocades, el acuerdo que llevaron adelante los gremios no es suficiente y exigen mejores salarios. Este reclamo agudizó el escenario de protesta social en las calles las últimas semanas.
La Ley Antipiquetes
El pasado 1 de junio, el Senado salteño aprobó -por apenas un voto- la Ley de Convivencia Social, presentada por las diputadas Cristina Fiore, del bloque Confluir, y María del Socorro Villamayor, por Salta Tiene Futuro, en el mes de abril. Durante estas últimas semanas, a raíz de los conflictos con les docentes y el sector salud, su tratamiento se aceleró, evitando el debate en las comisiones tanto en Diputados, 48 horas antes de su aprobación, como en el Senado.
Mientras que la sesión se realizaba en la Legislatura salteña, una manifestación confluida por los sectores en protesta se organizaba en rechazo a la futura norma. Fiore, una de las autoras del proyecto, consideró que el momento no era apropiado para tratarlo, debido a la tensión social que vive la provincia.
Según el art. 1, la ley busca “conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión”. En ese marco, establece requisitos determinados para llevar adelante una manifestación o protesta social: “Debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas, ante la comisaría más cercana al lugar donde se tiene previsto su desarrollo». Además, se debe informar el lugar de concentración, el horario de inicio y el tiempo de desarrollo, así como el objetivo de la protesta o manifestación, y quiénes son les organizadores.
En ese marco, la ley que aplicaría el Ministerio de Seguridad de Salta, sostiene que “las protestas o manifestaciones que no cumplan con lo preceptuado precedentemente y obstaculicen el ejercicio de los derechos mencionados no serán permitidas, sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos horas de iniciada».
Veto de la ley
A la aprobación del proyecto de ley, le siguió una gran profundización de la agitación social. Les trabajadores de vialidad se sumaron a les manifestantes y tomaron una medida de bloqueo indefinido en dos puntos claves de acceso a las grandes ciudades. Por un lado, cerraron el acceso a la Quebrada del Toro por el Valle de Lerma, pasando la localidad de Campo Quijano. Por otro, el acceso desde Salta capital al pueblo minero de San Antonio de Los Cobres, ubicado en plena Puna salteña.
Luego de diez días, este viernes el ministro de Seguridad, Domínguez, realizó una conferencia de prensa para anunciar el veto parcial de la Ley de Convivencia Social. “El ejercicio de los derechos de la libertad de expresión, de reunión, a peticionar, y de circulación, están plenamente garantizados”, expresó el ministro.
Según indicó Domínguez, el proyecto de la ley buscaba “establecer procedimientos de actuación del Estado como garante y armonizador de los derechos de las personas durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza”. Pero, tras una revisión, el Poder Ejecutivo consideró que “no guardaban relación con el plexo normativo” argentino.
Además, el ministro aclaró que “el Poder Legislativo entendió que el proyecto de ley era constitucional, si no no la hubiese aprobado”. En ese marco, agregó: “El gobernador observó en forma parcial el proyecto de ley y expresamente formuló su derecho constitucional al veto”.