A tres años del fallecimiento de Mauro Coronel, el joven detenido y torturado por la policía en Santiago del Estero, su familia exige que los policías implicados sean imputados. El pasado 5 de mayo, sus familiares y amigues marcharon desde Plaza Libertad hacia la Fiscalía, donde denunciaron la impunidad de los oficiales implicados y el estancamiento de la causa judicial que debe investigar.
Ante la gravedad del hecho, Amnistía Internacional Argentina tomó el caso y se unió al pedido de la familia para avanzar en la causa. Nota al Pie dialogó con Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de la organización. “Desde Amnistía Internacional asistimos a la movilización -el pasado 5 de mayo- y exigimos una investigación efectiva que dé cuenta de lo que sucedió y las responsabilidades del caso”, comentó.
Mauro Ezequiel Coronel tenía 22 años, era padre de cuatro hijes y vendedor ambulante. El 30 de abril de 2020 fue detenido en su casa en el barrio Santa Rosa de Lima y trasladado a la Comisaría Décima del barrio Autonomía. Durante 48 horas su familia no supo de él, y luego de cuatro días detenido fue hospitalizado a causa de la violencia policial.
La policía lo trasladó al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo donde ingresó con múltiples traumatismos. Según los resultados de la autopsia preliminar, la causa de muerte fue una “neumopatía bilateral con disfunción orgánica múltiple, con un foco infeccioso pulmonar que produjo un paro cardiorrespiratorio no traumático”. Con ese diagnóstico, Mauro Coronel falleció el 5 de mayo.
Las pruebas que la Justicia ignora
Pese al estado físico con el que Mauro ingresó al hospital -con daños que daban cuenta de la tortura que sufrió-, también está a disposición de la Justica el testimonio de su madre, Laura Coronel, y videos que circularon públicamente. Esto último generó indignación y despertó la sensibilidad de toda la población, ya que en las imágenes se lo ve atado a un poste semidesnudo y con una bolsa de nylon cubriendo su cabeza.
“Existe una certeza absoluta de que Mauro fue torturado durante su detención”, aseguró Garone. En este marco, agregó que “el expediente tiene muchísimas preguntas sin responder. Sin embargo, la actividad fiscal para investigar y garantizar justicia a la familia de Mauro es inexistente”.
No obstante, el testimonio de Laura es aún más desgarrador. Cuando se enteró de que su hijo estaba detenido fue hasta la delegación policial donde se encontró con el peor de los escenarios: Mauro estaba siendo torturado. Sin embargo, no hay imputados en la causa ni se investiga la responsabilidad de los oficiales que lo detuvieron.
El pedido de la familia
Frente a este escenario, la familia de Mauro no dejó de insistir con la investigación. Cabe mencionar que la Comisaría Décima ya tiene antecedentes en hechos de violencia policial. Según Garone, “ha sido escenario de diversas denuncias por torturas, malos tratos e incluso muertes”.
Entre esos casos, se encuentran en primer lugar la causa Vázquez, en la cual se condenó a 9 policías por el asesinato y tortura de un albañil en 2019. Luego se encuentra en la etapa de investigación la muerte de Darío Pérez. Por ultimo, y más reciente, se elevó a juicio el asesinato de Silvia Maldonado, una joven de 17 años que recibió un disparo en la cabeza durante un violento operativo policial en su casa.
Pese a estos antecedentes, la Unidad de Coordinación de Violencia Institucional no imputó a ningún policía hasta el momento. “La investigación judicial no solo está estancada, sino que presenta diversas irregularidades”, remarcó la integrante de Amnistía Internacional. Gracias a la lucha de la familia, el caso de Mauro sigue vigente.
“Laura Coronel, junto con su abogado Ignacio Fernández Camillo, fueron recibidos el día del tercer aniversario -del asesinato de Mauro- por el Procurador General de Santiago del Estero; el objetivo es denunciar los diversos inconvenientes que se dieron en la investigación por parte de la unidad fiscal de violencia institucional y se tomen medidas urgentes”, sostuvo Noelia.
Desde Amnistía Internacional Argentina llaman a las autoridades a trabajar sobre la violencia institucional. “El Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos”, concluyó.