El pasado miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría la Ley de Presupuesto 2023 que organiza la recaudación, inversión y distribución de ingresos del Estado. Sin embargo, el oficialismo debió retirar dos artículos que generaron resistencia: el que obligaba a jueces y fiscales a pagar el Impuesto a las Ganancias y el de suba de retenciones al campo.
Presupuesto aprobado, Gobierno debilitado
A medida del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la “Ley Madre” busca reducir el déficit del 2,5% de 2022 al 1,9% en 2023. Esto supondría un ahorro fiscal de $6.399.852.353.407.
A su vez, estima una pauta inflacionaria del 60%, casi 20 o 30 puntos por debajo de la calculada para el corriente año. En relación al crecimiento económico, estipula que será del 2%, continuando la inercia registrada desde 2021 luego del desplome mundial a partir de la pandemia.
En la votación, al oficialismo lo acompañó la Unión Cívica Radical (UCR); Evolución Radical y el Interbloque Federal. Por su parte, el PRO se abstuvo y la Coalición Cívica, Republicanos Unidos y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) lo rechazaron.
De todos modos, la sanción de la Ley también expresó un revés para el propio Frente de Todos. Resulta que debió ceder en dos aspectos estratégicos: por un lado, la atribución al Ejecutivo para aumentar los derechos de exportación al agro; Por otro, la reforma del Impuesto a las Ganancias para que jueces, fiscales y empleados judiciales lo tributen al igual que el resto de la población que cobra más de $330 mil mensuales.
Luciano Laspina, diputado del PRO, argumentó en contra de igualar a los jueces con los empleados judiciales en relación al alcance del Impuesto a las Ganancias. “No se puede poner en pie de igualdad a las dos categorías”, resaltó. Si bien se posicionó a favor de terminar los privilegios de los jueces, el FIT rechazó que los trabajadores del Poder Judicial sean equiparados. “El salario no es Ganancia”, planteó Nicolás del Caño.
Sindicatos rechazaron la extensión del impuesto a empleades, jubilades y pensionades
Notable fue que no solo diputados de la oposición hayan rechazado la extensión del Impuesto a las Ganancias, sino también los propios legisladores del Frente de Todos.
Detrás del discurso monolítico del oficialismo, les legisladores de origen sindical plantaron bandera a partir de su origen gremial. Vanesa Siley del Sindicato de Trabajadores Judiciales; Sergio Palazzo, Carlos Cisneros y Claudia Ormaechea de la Asociación Bancaria; María Rosa Martínez del gremio gráfico lo rechazaron.
A su vez, Piumato, secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), respaldó a les diputades que votaron en contra del artículo y disparó contra Carlos Heller, diputado oficialista y banquero de Credicoop por la iniciativa.
El artículo 100 de la Ley ordenaba el alcance del impuesto tanto para jueces y fiscales, como para el conjunto de les empleades del Poder Judicial, lo cual generó rispideces dentro del Frente de Todos. En ese sentido, Cisneros declaró: “Mi voto será negativo a este artículo porque ningún trabajador debe pagar ganancias, debemos igualar para arriba”.
Otra situación que generó desacuerdos fue el alivio del mismo impuesto para los camioneros pero también el presupuesto educativo. El oficialismo sí consiguió aprobar el artículo que establece que los choferes de camiones no paguen Ganancias por los adicionales que cobran por viajes de larga distancia. Diputades liberales y de Juntos por el Cambio votaron en contra.
Asimismo, al final de la sesión, Carlos Heller propuso incorporar un artículo para que el jefe de Gabinete se atribuya la facultad de “realizar adecuaciones presupuestarias”- El objetivo es alcanzar una inversión educativa no menor al 1,33% del Producto Bruto Interno (PBI).
A cielo abierto, continúa la interna gubernamental
Además de haber recibido un revés en dos de los puntos estratégicos que pretendía aprobar, en los últimos días el Frente de Todos volvió a exponer sus divisiones. El mismo miércoles de debate parlamentario, el Gobierno nacional autorizó el aumento de las prepagas de medicina. El nuevo incremento de 13,8% expresa un acumulado anual de 114%. “Más de un 20% sobre la inflación anualizada”, cuestionó Cristina Fernández de Kirchner.
“Manifestamos nuestra opinión contraria a seguir concediendo aumentos que afectan a las familias argentinas en un servicio imprescindible como el de la salud”, indicó la vicepresidenta.
“La gestión va a terminar estos tres años con un 306% de inflación y las prepagas aumentaron un 240%”, señaló Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada. La discusión salarial y la estructura tributaria continúa fragmentado a un Frente de Todos que dispersa sus apoyos.