La Ley 27624 por la Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes fue promulgada en noviembre del 2021 y entró en vigencia en marzo del corriente año, sin embargo, aún no se aplica de forma integral.
En este sentido, el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires reclama la aplicación de la ley y destacó la importancia del rol del Estado tanto en la implementación de la norma como «en el acceso a la información que debe garantizar a través de una política pública».
Algunos de los cambios que esta ley busca modificar empezaron a verse hace dos meses con el etiquetado frontal de algunos productos alimenticios envasados en los que, a través de sellos octogonales negros, se advierte sobre el exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías.
Sin embargo, Érica Bianquet, licenciada en nutrición e integrante del Colegio de Nutricionistas, habló con los medios de comunicación y sostuvo que “hoy la implementación del etiquetado frontal se encuentra en una zona gris ya que algunas empresas pidieron un aplazamiento para la adecuación, que les fue concedida, pero se desconoce cuántas y cuáles empresas fueron beneficiadas”.
La especialista declaró también que se han presentado dos pedidos de acceso a la información pero en ambos casos la respuesta fue que los datos están protegidos por confidencialidad. “De esta forma, la sociedad no sabe si los productos alimenticios no deben llevar los octógonos negros, o están alcanzados por la prórroga o, directamente, están incumpliendo la ley”, señaló la nutricionista.
Qué dice la ley
La ley tiene el objetivo promover y proteger efectivamente el derecho a la salud pública, contemplando el crecimiento y desarrollo adecuado de las personas.
Para ello, las herramientas de las que debe valerse son la educación, el fortalecimiento y el fomento de una alimentación saludable.
Entre algunos de los principales aspectos que han sido reglamentados en la ley, se encuentran aquellos que deben obligar a las empresas alimenticias a incorporar sellos de advertencia con los valores máximos definidos sobre el exceso de nutrientes críticos cómo azúcares, cafeína y calorías. También se extiende sobre la prohibición de incorporar ciertos elementos en los envases de los alimentos que se ofrecen en establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario.
Para la licenciada Bianquet, la Ley contempla no solo el acceso a la salud sino también a la información, por lo que busca una ampliación de derechos.
“Con esta ley buscamos prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles y advertir sobre los denominados ‘nutrientes críticos’”, precisó.
De esta forma la responsabilidad de informarse acerca de qué consumimos, no es individual, sino que se convierte en una política pública y pasa a estar en manos del Estado, que debe garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada, pero también debe dar información nutricional clara, simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas para resguardar los derechos de las y los consumidores.