En una reunión durante el día de ayer, las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera decidieron convocar a una marcha para este miércoles 10 de agosto. El colectivo espera que el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, los reciba para entablar un diálogo en torno al anuncio de las nuevas medidas económicas.
La movilización tiene como destino final una concentración en Plaza de Mayo en reclamo de una recomposición del ingreso para los trabajadores del sector informal entre otras demandas. La Unidad analiza, aún, el tiempo de permanencia de la jornada de protesta, aunque no descartan un acampe.
Los movimientos que adoptaron una postura crítica frente al Gobierno Nacional se habían manifestado, días atrás, frente a Casa Rosada bajo las mismas consignas. En aquella ocasión, organizaron una conferencia en la cual expresaron su disconformidad con las medidas anunciadas desde el Palacio de Hacienda.
Los contenidos de la propuesta y de la protesta
La propuesta de las organizaciones se apoya en un programa de medidas urgentes para paliar el hambre y la pobreza. Los objetivos específicos del reclamo incluyen trabajo genuino, la apertura de los programas sociales, un bono de emergencia de 20 mil pesos, un aumento del salario mínimo a 105 mil pesos y la asistencia alimentaria para los comedores populares.
Barrios de Pie, en sintonía con otras organizaciones como el Polo Obrero encabezada por Eduardo Belliboni y el MST (Teresa Vive) liderado por Mónica Sulle rechazaron las medidas anunciadas por el titular de la cartera económica argentina. El diagnóstico de los referentes sociales se dio a conocer luego de la asunción de Massa como funcionario reemplazante de Silvina Batakis.
Los puntos atacados son la continuidad del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el congelamiento del salario de empleados públicos, los topes a los subsidios de tarifas energéticas y la modalidad de auditoría para los planes y programas de seguridad social.
Desarrollo de la jornada
En diálogo con Nota al Pie, la referente del movimiento Barrios de Pie – Libres del Sur-, Silvia Saravia, confirmó que la movilización comenzará a las 11 horas en tres puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Un sector de la manifestación partirá desde Belgrano y 9 de Julio, otro desde Avenida de Mayo y 9 de Julio y el último desde el Obelisco.
“Vamos hacia plaza de mayo y se hace una jornada de permanencia, vamos a evaluar hasta qué hora nos quedamos o si se hace acampe y también en simultáneo vamos a ir a desarrollo social”, expresó Saravia.
La marcha rumbo al Ministerio de Desarrollo Social tiene como objetivo buscar una solución acerca de las dificultades que atraviesan las organizaciones sociales para abastecer la demanda de comedores y merenderos en todo el país. “El hambre y la pobreza avanzan al ritmo de la inflación” concluyó diciendo la dirigente de Barrios de Pie en referencia a la consigna que guía el reclamo.
Las propuestas del Gobierno
El plan económico difundido por Sergio Massa incluye la convocatoria a los sindicatos y patronales para discutir el Salario Mínimo Vital y Móvil del sector privado. La reunión del Consejo del Salario está agendada para el próximo 18 de agosto.
Respecto de los programas sociales el nuevo Ministro hizo referencia, en su discurso de asunción, al conocido “empalme” entre la asistencia social con trabajo genuino. La medida intenta ofrecerles a empleadores públicos (intendencias y gobernaciones) y privados, trabajadores alcanzados por estos beneficios sociales.
El diagnóstico de los movimientos sociales sobre este punto es que la medida es insuficiente y no logra incluir una cantidad mayoritaria de trabajadores. En otro sentido consideran que esta modalidad abre la puerta a modos de precariedad, explotación y fraude laboral.
El flamante funcionario del Palacio de Hacienda también hizo alusión a la auditoría de los programas sociales que el Gobierno tiene diseñada para el próximo 15 de agosto. Esta tarea se realizará en conjunto con el aporte de las universidades nacionales.
En relación a este anuncio, las organizaciones, no se oponen a ser auditados, puesto que ésta es una práctica habitual por parte del Estado. No obstante, denuncian que no se evalúa con el mismo rigor la gestión que hacen las dependencias públicas de estos programas. Consideran que en estas administraciones se dan infinidad de irregularidades legales y laborales.