En medio de la creciente inflación y una guerra (por el momento perdida) que anunció el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, el Gobierno autorizó dos aumentos de 9,5% para las tarifas de internet, telefonía fija/móvil y televisión por cable y satelital. La medida se confirmó a través de la Resolución 725/2022 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La empresa Telecom ya había aumentado un 13 por ciento los precios en enero y otro 12 por ciento en abril. Por su parte, Movistar hizo lo propio en febrero con un 16 por ciento; y para mayo tiene previsto un nuevo incremento de hasta un 12,6 por ciento.
Una medida que afecta sólo a las pequeñas firmas
El tope que establece el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a los aumentos en telefonía, internet y TV, rige sólo para las compañías que no lograron un amparo judicial para eludir el cumplimiento del DNU 690/2020, por lo general las firmas más chicas y con menos nombre.
El Gobierno remarcó que los aumentos que las empresas de telefonía, internet y TV hagan sobre los precios minoristas y “que supere los valores expresamente autorizados”, deberán ser reintegrados a sus usuaries en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican por mora en el pago.
En julio, podrán volver a incrementar sus precios otros 9,5% dando una suba acumulada del 19%. Lo mismo sucederá con las licenciatarias de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), de Servicios de Telefonía Fija (STF), de Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico y radioeléctrico (SRSVFR) y de Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH).
El Poder Ejecutivo les advirtió a las compañías que incumplir con esta medida “se entiende violatorio de los derechos de los clientes y las clientas e incumplimiento de las obligaciones de los prestadores y dará lugar a la aplicación de las sanciones”. Sin embargo, quedan exceptuados Movistar y Telecom que cuentan con amparos judiciales.
La batalla perdida por el gobierno
El pasado 15 de marzo el presidente Alberto Fernández había anunciado el comienzo de la “guerra contra la inflación”. Hasta el momento nada ha cambiado y podría utilizarse una frase con clamor popular: “Perdimos como en la guerra”. El congelamiento de precios no es una solución, los precios cuidados no alcanzan y el salario real no para de perder valor frente a la inflación.
Bajo la promesa de “mejorarle la vida a la gente” y darle un alivio post pandémico, por el momento nada ha funcionado. Según el INDEC la inflación se acumula y es cada vez mayor: en enero fue del 3,9%; en febrero 4,7% y en marzo, la más alta de los últimos 20 años: 6,7%. En los últimos 12 meses, los precios subieron 55,1% y resultó la aceleración más alta en términos interanuales.
“El viernes arranca la guerra contra la inflación, vamos a terminar contra los especuladores y vamos a poner las cosas en orden”, había asegurado Alberto Fernández. La resolución anunciada este lunes respecto a la suba de las tarifas demuestra todo lo contrario: les especuladores triunfan y la gente sufre.
¿Qué papel tendrá Martín Guzmán? El Ministro de Economía se encuentra por estos días en el ojo de la tormenta. Luego de una expedición por Washington y cumbres con el Fondo Monetario Internacional, volverá a concentrar su agenda en tres elementos del frente doméstico, que aparecen como algunos de los más apremiantes en una lista de prioridades y urgencias siempre en movimiento: la inflación, las tarifas y el nuevo proyecto del impuesto a la renta inesperada.