La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció que muchas trabajadoras y trabajadores piensan encadenarse o renunciar.
A través de un comunicado institucional, la organización expresó que la medida es en repudio al descuento salarial que las autoridades les están realizando en represalia por las medidas de fuerza tomadas dentro del marco legal de este modo de protestas.
La Secretaria General de APyT del Garrahan, Norma Lezana, comentó a Nota al Pie que “es muy importante que nosotros tengamos claro que el reclamo es legítimo porque está aprobado por el Consejo Administrativo y el Ministerio de la Salud”.
“Hay una escasa voluntad de diálogo de parte de las autoridades; y la herramienta que tenemos es organizarnos y ejercer nuestro derecho a protestar”, definió la referente gremial.
“Además de condiciones salariales hay otras situaciones que atravesamos de maltrato institucional y acoso laboral”, continuó diciendo Lezana.
Este jueves 2 de septiembre a las 13:30 horas llamaron a una conferencia de prensa en el hall de la calle Combate de los Pozos 1881, donde también realizaron un reclamo cumpliendo con los protocolos por la pandemia de Covid 19.
¿A quiénes está dirigido el pedido?
La demanda está orientada al Consejo de Administración del hospital, al Presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández, al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni y a la Ministra de Salud, Carla Vizzotti.
El gremio sostiene que el hospital depende en un 80% del Gobierno Nacional; y fue el mismo el que eligió a les consejeres que aplican estas sanciones económicas que entienden como ilegales.
La Licenciada Norma Lezana expresó que “muchos de los compañeros esperaban otra cosa de las autoridades y de médicos como Aldo Jaimovich (Miembro del Consejo); pero fueron defraudados”.
La referente del Garrahan finalizó comentando que “uno de los riesgos es la fuga del material humano altamente capacitado del hospital, debido al destrato y la insuficiencia salarial”.
Les trabajadores del Hospital consideran que los descuentos cercenan el derecho a huelga y que les consejeres podrían haber actuado de otra manera. El equipo de salud sostiene que se descontaron salarios por paros legítimos y que han puesto el cuerpo a la pandemia.