En el marco del Mes del Orgullo, Nota al Pie entrevistó a Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT. Una organización que nació el 28 de junio de 2005, el día del Orgullo LGBT, y nuclea a organizaciones a lo largo y ancho de todo el país. Surgió con el objetivo de aunar los esfuerzos de todas esas organizaciones en pos de aumentar su capacidad de incidencia social y política del movimiento LGBT.
En esta segunda entrega, Massenzio profundiza en la historia y los modos de funcionamiento de la organización: cómo se organiza estructuralmente, de qué maneras se financia y qué obstáculos han tenido que sortear.
La Federación se creó originalmente en Santa Fe, ¿qué les llevó a reubicarse en Buenos Aires?
Santa Fé es una de las provincias con más políticas públicas. Además de ser la primer área de diversidad en el país, creada por Esteban Paulon. Es una provincia socialista, tienen esa doctrina y coyuntura que les permite ser pioneros en cuanto a la lucha igualitaria. Por ejemplo, el primer proyecto de Matrimonio Igualitario fue apoyado por el Diputado Di Pollina (Eduardo) del PS (Partido Socialista). Los primeros proyectos de identidad de género también fueron propuestos por ese partido.
Hay un compromiso grande allí, y se vino a Buenos Aires por una cuestión organizativa. Nuestra idea fue inscribirnos en la Inspección General de Justicia de la Nación (IGJN) para obtener nuestra personería jurídica y tener nuestra sede aquí.
De ese modo, podemos presentarnos con la personería en todo el país. Además, existe un centralismo del cual reniego siendo del interior de la Provincia de Buenos Aires. Cuestionamos mucho este porteño-centrismo, como le decimos, pero se nos hace mucho más práctico.
Estar en la ciudad, es más útil para muchas funciones y para el ejercicio propio de la Federación. El domicilio legal nos permite activar y darle continuidad a todos los efectos jurídicos que tiene que tener la organización. Una vez por semana, somos seis los miembros de la comisión quienes nos reunimos para llevar adelante lo que implica la personería jurídica y la administración de FALGBT. Aún así nuestras reuniones van rotando por provincia.
¿Qué dificultades se les presenta como organización para sostenerse como tal?
Buscamos tener los balances al día y estar inscriptos en cada registro que nos permitan desarrollar la variedad de proyectos que tenemos. La federación hace mucho litigio estratégico y para presentarse en cada proyecto, es necesario tener los papeles en orden. Figurar tanto en la IGJN como en la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y en los registros de la ciudad requiere muchos permisos. Todo requiere una infinidad de gastos.
Para no pagar porque somos una organización sin fines de lucro y poder pedir eximiciones de algunos impuestos, nos resulta difícil acceder a ese «beneficio». Hace poco pudimos inscribirnos en el plan de tarifas para organizaciones sociales, y teníamos que tener aprobados los últimos dos balances; además de figurar en ciertos registros. En fin, se nos hace difícil para las organizaciones de la sociedad civil llevar adelante esto. La predisposición y amor al espacio permiten sacarlo adelante.
Con respecto a esto último, ¿cómo se financia la organización? ¿Reciben algún aporte por parte de les activistas o del Estado?
No tenemos apoyo de activistas, porque una vez intentamos tener esa conexión y no resultó para la federación. Aún así, figura en el estatuto recibir el aporte de distintos compañeres. Recibimos donaciones en forma particular. Por ejemplo, al realizar litigio estratégico ad honorem, en agradecimiento la gente nos ha donado. Sí presentamos proyectos con Desarrollo Social de la Nación en cada oportunidad que se presenta una convocatoria.
El año pasado articulamos con Fundación Huésped, con el que hicimos una búsqueda para recaudar fondos, para hacer frente a la pandemia. Esto fue en cuanto a la emergencia sanitaria y alimentaria que tenían nuestras compañeras, sobre todo población trans y refugiados lgbt.
Desde marzo hasta diciembre del 2020 llevamos adelante un proyecto que consistía en comprar alimentos y hacer la distribución. Todo fue en conjunto y con la financiación de Huésped y FALGBT ocupándose de la logística.
Hoy estamos trabajando con estos financiamientos, que tiene que ver con la Formación de Promotores contra la discriminación en seis provincias del país. Seguramente esto se extienda a cinco más, con el objetivo de llegar a toda la república.
Además buscamos generar unidades de gestión, que es lo tienen que hacer para certificar la contraprestación laboral; las personas beneficiarias del Potenciar Trabajo. Siempre aplicamos para pedir financiamiento, con resultados dispares.
Internacionalmente no tenemos nada; ya que se frenó todo con la pandemia, aunque muchas veces hemos tenido distintos proyectos globales para ejecutar. Nuestra Casa Central (Cochabamba 473, San Telmo, CABA) está en comodato, así que no pagamos alquiler.
Esto fue gracias a un activista. Hace poco pudimos firmar una extensión de utilidad por tres años. Desde que la organización existe, hasta el 2013 y 2014 no tuvimos sede propia. Siempre nos manejamos en bares o en sedes de compañeres.
¿Qué conquistas hemos conseguido al día de hoy y qué políticas aún hacen falta?
Elaboramos el Plan de Ciudadania LGBT, apoyándonos bajo el eslogan «transformar esta igualdad jurídica en igualdad real». Después de la Ley de Igualdad de Género vino la Ley de Reproducción Médicamente Asistida. Tenemos Ley de Educación Sexual Integral además del nuevo Código Civil y Comercial. También poseemos los agravantes por los crímenes de odio; hoy tipificados en el Código Penal. Tenemos lo que llamamos, una igualdad jurídica, herramientas y legislación.
Lo que siempre decimos es buscar también la igualdad real. Para plasmar que no tenemos igualdad jurídica creamos hace unos años el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. No creo equivocarme al decir que es el único con referencia oficial que da estas estadísticas y datos. Hacemos dos informes al año que narran y relatan todavía la situación de precarización que tienen nuestras vidas. Eso hace un recorte hacia violencias físicas y hacia homicidios.
Es muy alto el porcentaje que se da en la actualidad, que si lo ponemos en la balanza con un país con tanta legislación igualitaria, a diferencia del mundo en que hay tanto déficit; Argentina es uno de los estándares más altos en materia de diversidad.
Sin embargo, porque tenemos tanto crimenes de odio o denuncias por discriminación; eso deja entrever que faltan políticas públicas para poder encontrar una igualdad real, no solo jurídica.
Para eso, siempre se pensó en crear espacios específicos de diversidad y ese fue un logro fuerte de nuestras organizaciones. Se logró que en distintos lugares del país hoy se hablen de estos espacios.
En esta última coyuntura existe un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y nosotres firmamos a fines del 2014 un convenio de cooperación con la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y creamos la primera Defensoría LGBT en Argentina.
Es un espacio que trabaja específicamente para la defensoría, promoción, difusión y protección de los derechos. Luego se firmó un convenio de cooperación con Defensoría del Pueblo de la Nación, creándose un programa nacional de defensorías LGBT. Durante este contexto de pandemia se firmó también con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y se creó la Defensoría LGBT en provincia. Eso permite difundir y crear espacios dentro de las defensorías.
Entiendo que cada área del Estado, del Gobierno cuando se institucionalizan estos espacios; son lugares para trabajar y diseñar políticas públicas. La implementación puede ser el canal para el desarrollo de esas políticas. Entendemos que ese triángulo entre sociedad civil, Estado y la población LGBT es fundamental; para que las organizaciones y la sociedad civil podamos hacer y tender ese puente para que esas políticas públicas lleguen efectivamente.
Durante años vivimos marginados de las políticas públicas, marginados por el Estado y es necesario achicar esa brecha. Hoy lo estamos haciendo, y prontamente cuando terminen de institucionalizarse estos espacios será a través del propio organismo estatal quienes tengan que hacer llegar más fácil esas políticas a la población del colectivo.