El pasado sábado 27 de marzo, la Cámara Baja del Congreso de la Nación aprobó, con 215 votos afirmativos, la ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental. Esta política estatal incluye procesos pedagógicos para construir racionalidad ciudadana en el cuidado del ambiente y el pleno goce de los derechos ambientales.
El proyecto consiste en programas educativos basados en el paradigma que postula la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA). Esta establece que las políticas pedagógicas sustentables son parte de la planificación para el desarrollo con inclusión social, ya que surgen de la articulación y transversalidad entre lo social, lo ecológico, lo político y lo económico.
Jurídicamente corresponde al Estado el rol de democratizar conocimientos para la preservación del ambiente y participar activamente de su protección. El marco legal de acción del Estado se expresa en el artículo 41 de la Constitución Nacional:
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Las autoridades proveerán la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales’’.
La ley fue aprobada por la amplia mayoría de la Cámara, aunque obtuvo 7 votos negativos y 18 abstenciones. Sin embargo, hubo un consenso entre el oficialismo y los demás actores parlamentarios, quienes consideran que el derecho a un ambiente digno no ha sido garantizado como es señalado constitucionalmente. En consecuencia, el Estado tiene el deber de mitigar los efectos de la crisis ambiental en todas las provincias a partir de impulsar una relación equilibrada con la naturaleza con un criterio soberano y federal.
