La actividad en la llamada Hidrovía de los ríos Paraná-Paraguay es una de las más importantes para la economía de la región, transportando aproximadamente el 70% de las exportaciones agrícolas nacionales. La Hidrovía se extiende por más de 3.400 km de largo, desde Brasil y pasando por puertos de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina.
El objetivo de contar con la Hidrovía fue el de fomentar el desarrollo e integración entre estos países, abaratar los costos de transporte y modernizar los puertos.
Actualmente, el corredor fluvial es operado por la empresa belga Jan de Nul y su socio argentino, Emepa SA; debido a una concesión que realizó el gobierno de Carlos Menem en el año 1995.
La empresa realiza operaciones de dragado de mantenimiento, profundización, que sirven para agilizar las importaciones y exportaciones en todo el Mercosur (Mercado común del Sur). Sin embargo, algunes señalan que la Hidrovía produce riesgos de inundaciones y contaminación.
Una cuestión de soberanía nacional
El pasado 1 de mayo la concesión a Jan de Nul llegó a su vencimiento. Mientras que el gobierno de Alberto Fernández decidió prorrogar la concesión por tres meses; diversos sectores reclamaron que la cuestión de la navegación de los ríos es una cuestión que involucra a la soberanía nacional.
Las provincias y las personas que habitan cerca del río Paraná afirman que el Estado Nacional no tiene control alguno sobre el estado de la Hidrovía y sus operaciones. En este sentido, reclaman la estatización de las vías navegables para de esa forma garantizar su aprovechamiento para el desarrollo.
Desde el poder ejecutivo declaran que mientras dure la prórroga de la concesión se evaluará cuál es la estrategia para la comercialización fluvial, defendiendo los intereses nacionales. Posiblemente, el gobierno presente una licitación para que otras empresas se ocupen del funcionamiento de la Hidrovía; a la vez que se le da al Estado un rol regulador.