El Gobierno de Javier Milei decidió llevar la disputa por la explotación petrolera en Malvinas a una instancia jurídica internacional amparada precisamente en el sistema de Naciones Unidas. El Presidente instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) contra el Reino Unido, con el objetivo de frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
El movimiento adquiere una particular dimensión política porque se produce apenas unos días después del discurso que Milei pronunció ante la Asamblea General de la ONU. Allí, el Presidente defendió el reclamo argentino sobre Malvinas, pero al mismo tiempo cuestionó el funcionamiento del organismo y sostuvo que la Argentina no iba a quedarse esperando que “la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato”.
Ahora, el Gobierno recurre a uno de los mecanismos jurídicos contemplados por una convención internacional elaborada bajo el sistema de Naciones Unidas para intentar impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en el área cuya soberanía reclama la Argentina.
No se trata, sin embargo, de que Malvinas haya aparecido recién ahora en la agenda oficial. Durante septiembre, la administración Milei ya había anunciado sanciones contra 45 personas y empresas por actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas y había enviado al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Lo novedoso es la decisión de activar ahora el procedimiento arbitral internacional y amenazar con llevar el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar si el Reino Unido no modifica su posición.
La intimación a Londres
La Casa Rosada informó que la Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con el proyecto Sea Lion.
El Gobierno busca también bloquear cualquier otra decisión que pueda agravar la controversia, especialmente el otorgamiento de nuevos permisos para explotar recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
Si el Reino Unido no cumple con la intimación, la Argentina anunció que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar las medidas provisionales que considere necesarias para preservar sus derechos soberanos.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 28, 2026
La estrategia se apoya en las resoluciones históricas de la Asamblea General de la ONU sobre la cuestión Malvinas. La Resolución 2065 (1965) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países y llamó a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. La Resolución 31/49, por su parte, instó a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación.
Es justamente ese andamiaje multilateral el que ahora el Gobierno invoca para cuestionar la explotación petrolera británica.
La contradicción discursiva en torno a Malvinas
La secuencia deja planteado un contraste dentro de la propia estrategia oficial. El 23 de septiembre, desde Nueva York, Milei había reivindicado la defensa de Malvinas y reclamado al Reino Unido que retomara las negociaciones, pero también había marcado distancia con el funcionamiento de las instituciones internacionales.
“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato, y va a tomar cartas en el asunto”, había afirmado el Presidente. También sostuvo que Malvinas constituía una causa nacional y una muestra de la distancia entre “las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.
Seis días después, el Ejecutivo anunció que tomará esas “cartas” recurriendo a un mecanismo establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La tensión no está en el reclamo de soberanía —que el Gobierno mantiene como una política explícita— sino en el instrumento elegido: el mismo entramado institucional internacional que Milei cuestionó públicamente es ahora utilizado como vía jurídica para intentar limitar las acciones británicas en el Atlántico Sur.
El «rechazo» a Londres y la vía penal
El nuevo capítulo de la disputa también incluye una respuesta a la posición británica frente al discurso presidencial. La Cancillería expresó un “rechazo categórico” a la respuesta del Reino Unido y sostuvo que la denominación de las islas como “Territorio Británico de Ultramar”, así como el referéndum de 2013, no reconocido por la Argentina, no modifican la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía.
A ese reclamo se sumó otro frente. El Gobierno denunció que la empresa THALES UK LIMITED habría realizado operaciones en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas con una aeronave de matrícula británica y sin autorización.
Por instrucción presidencial, se iniciarán procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las gestiones diplomáticas correspondientes.
La ofensiva oficial, de este modo, combina en pocas semanas herramientas administrativas, legislativas, diplomáticas y judiciales. Primero fueron los procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas; después, el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional; ahora, el arbitraje internacional por Sea Lion.
El Gobierno sostiene que utilizará “todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas” que reconoce el derecho nacional e internacional y afirma que la Argentina “no se quedará de brazos cruzados” frente a la explotación de recursos en el área en disputa.
La paradoja política de este nuevo capítulo queda expuesta en la propia cronología oficial: el mismo Gobierno que ante la ONU cuestionó la distancia entre las instituciones internacionales y la realidad de Malvinas acaba de recurrir a uno de sus mecanismos jurídicos para intentar modificar esa realidad.
Y el comunicado de la Casa Rosada vuelve a cerrar con la consigna que atraviesa la posición histórica del Estado argentino: “Las Malvinas son argentinas”.
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